TERCERA PARTE

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En las largas horas que dedicó al estudio de los documentos que formaban parte del expediente depositado en instrucción, Castillo Pantaleón empezó a formularse numerosas interrogantes que concentró en cuatro aspectos:

Primero: era un hecho que se había constituido una junta investigadora encargada de las indagatorias en torno al asesinato del periodista Orlando Martínez.

Esta junta investigadora se encontraba formada por los coroneles Robinson Brea Garó, subjefe administrativo, doctor José Ernesto Ricourt Regús, inspector al servicio de la jefatura y teniente coronel Raúl Darío Aristy Calvo, comandante del departamento de escuadrón contra homicidios, todos de la Policía Nacional. El 9 de abril de 1975 la comisión remitió al jefe de la institución, general de brigada Rafael Guillermo Guzmán Acosta, los resultados de su investigación y acompañó el oficio de trece páginas que la contenía con veinticinco anexos. El jefe de la policía remitió este informe y sus anexos en la misma fecha al consultor jurídico policial, coronel doctor M. Antonio De Los Santos A., quien la devolvió al jefe también el mismo día con recomendación de apoderar la justicia. Igualmente en la fecha retornó a esa consultoría a los fines de apoderar al procurador fiscal.

En ese informe apareció la confirmación de las versiones periodísticas de la época que destacaban que el fiscal y contralmirante de la Marina de Guerra, doctor Augusto César Canó González, formaba parte de hecho de las investigaciones que efectuaba la policía cuando señalaba, en uno de sus apartados, que comenzadas las indagatorias y ìde conformidad con instrucciones del Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional a través de esa Jefaturaî...

Hurgando en el expediente Castillo Pantaleón no encontró diez de los anexos que mencionaba el informe citado. Aparentemente nunca fueron aportadas al juzgado de instrucción ejemplares de la revistas Ahora! y Análisis, hojas sueltas de revistas con los títulos ìLa última vez que Juan Bosch habló con Fidel Castroî, ìH. E. de las Mercedesî, ìGolpe de Estadoî, ìEn Torno al Golpeî y ìAl Pueblo Dominicanoî, varias hojas sueltas con nombres y números de teléfonos, un escrito a máquina y un recorte de periódico junto a una libreta de apuntes, dos cartulinas y un folder ensangrentado, y un plano de la zona del recorrido del victimado levantado a partir de las declaraciones de la señora Zoraida Heredia Vda. Suncar, catedrática de la universidad Autónoma (UASD) que afirmaba haberlo visto en los alrededores del recinto universitario entre las siete y las siete y diez de la noche de su asesinato.

Pero lo que más le llamó la atención fueron tres documentos ausentes: el acta levantada de la autopsia al cadáver de Orlando, el croquis de la escena del crimen confeccionado por técnicos de la policía y, especialmente, el peritaje balístico del proyectil extraído al cadáver durante la autopsia.

¿Se perdieron esos documentos o fueron deliberadamente extraídos? ¿Quién o quiénes extrajeron esas piezas y por qué? ?se preguntó el juez?. El informe pasó por manos del jefe de la policía, el consultor jurídico, el fiscal y el juez de instrucción Díaz Curiel. Todos eran militares, lo cual no era raro en esa época en la que el terror y las desapariciones eran algo cotidiano ?pensó. Si fueron extraídos, ¿qué revelaban esas piezas que hizo necesaria su desaparición?

Segundo: en su primera investigación la policía interrogó a treinta y cuatro personas, familiares, compañeros de trabajo o amigos cercanos, algunos de los cuales fueron hasta apresados por días: Rafael Arias Perdomo, María de los Angeles Vargas Checo, Juana Pérez Morel, Zoraida Heredia Viuda Suncar, Altagracia de Jesús Pineda, Angel F. Gómez Polanco, Rafael Ernesto Guzmán, Rosendo Sepúlveda, Diómedes Mercedes, Rafael Antonio Luna, Pedro Antonio Delgado, Norge William Botello Fernández, Roberto Antonio Castro, Elías Hazoury Gómez, Rafael Molina Morillo, Luis Ramón Cordero, Juan José Ayuso, Delfa de los Santos de Ayuso, Luis Manuel Martínez Henríquez, Sergio Martínez, Melvin Alexander Mañón Rossi, Rafael Meyreles Soler, Carlos Francisco Elías, German Díaz, Luis Hernández, Eugenio Mejía Alcántara, Ramón Antonio Batista, Máximo Ramón Mejía Arredondo, Víctor Mejía Colón, Cándido Antonio Tezanos Martínez, Antonia Adalgisa Jerez Polanco, Elpidio de Jesús Sánchez, Altagracia Caridad Sánchez de Peralta y, como testigo estrella, a Félix Manuel Vargas Taveras (a) Papirucho o Papirucho Banda.

Aparecieron resumidas las declaraciones que este hombre ofreció a la comisión investigadora, en las que expresaba haber escuchado una conversación entre los señores Rafael Antonio Luna (Cheché) y Diómedes Mercedes. Supuestamente estos hombres comentaban acciones relativas a la desaparición de una pistola y el lugar de encuentro y separación, coordinando sus afirmaciones futuras a fin de no ìdescubrirseî. Estas declaraciones y estos interrogatorios superficiales, hechos sin rigor investigativo, constituyeron el conjunto que, junto a muchos certificados de pruebas de parafina, oficios burocráticos y piezas incompletas, conformaron el expediente enviado al juzgado de instrucción de la cuarta circunscripción.

El expediente fue acompañado con la captura y el sometimiento a la justicia de tres personas: Melvin Alexander Mañón Rossi, Diómedes Mercedes y Rafael Antonio Luna, de quienes se dijo pertenecían al recién fundado partido de la Liberación (PLD), organización política opositora creada por el profesor Juan Bosch a raíz del desprendimiento de un grupo del PRD y que paradójicamente había accedido al poder más de veinte años después con el apoyo de su adversario.

Más tarde, según la prensa de la época, el presidente Balaguer ordenó la puesta en libertad de estas tres personas presionado por una opinión pública escandalizada que consideraba su detención un atropello.

¿Por qué el tal Papirucho hizo afirmaciones que luego se comprobaron inciertas? ¿Formó Papirucho parte de un montaje o firmó sin saber lo que firmaba? ¿Conocían y encubrían todos, oficiales de la policía, del ministerio público y de la justicia a los verdaderos asesinos? Las preguntas surgían y eran anotadas con caligrafía desordenada en un cuaderno de apuntes que había destinado exclusivamente para ello el instructor Castillo Pantaleón.

En sus investigaciones había chocado con la indicación de que Papirucho había sido miembro de la policía. La comisión investigadora concluyó sometiendo a la justicia a tres personas fundamentada en el testimonio de este individuo pero soslayando esta calidad. ¿Cómo se urdió darle ese giro al expediente? ?se preguntó. ¿De dónde partió esa línea?

La comisión investigadora actuó obedeciendo órdenes. ¿De quién? ¿Sabían entonces los miembros de esta comisión, incluido el fiscal que daba instrucciones, quiénes eran los verdaderos culpables? ¿Sería todo esto indicio de que los miembros de la comisión, el jefe de la policía, el fiscal y numerosas personas más habían patrocinado el encubrimiento de los autores del asesinato o en alguna medida secundado, estimulado u omitido datos en tal sentido?

Tercero: Zoraida Heredia vda. Suncar declaró a la policía que mientras se encontraba conduciendo por la zona universitaria, entre siete y siete y diez de la noche del día 17 de marzo de 1975, vio un carro que subía por la calle Cristóbal de Llerena en vía contraria y que, cuando se le aproximó, notó que se trataba de su amigo Orlando.

El acta médico legal suscrita por el legista doctor Wilson Rodríguez, quien certificó el fallecimiento, señala que fue levantada a las 8:00 de la noche. ¿Era una hora suficiente tiempo para que se produjera el asesinato, alertar los vecinos, avisar a la policía, avisar al fiscal, presentarse la policía y el fiscal al lugar del hecho, levantar el cuerpo herido y trasladarlo al hospital, producirse el fallecimiento y efectuar el examen del médico legista? Inclusive, según algunos periódicos, el fiscal llegó al hospital cuando aún la víctima se encontraba con vida. ¿No se habrá equivocado de día o de hora la señora Heredia? Si no se equivocó, ¿no resulta extraña la excepcional presteza y diligencia de todos en ese momento? ¿Habría un alerta previa entre algunas de esas personas?

Cuarto: El juez de instrucción apoderado del expediente en el año 1975, doctor Sócrates Díaz Curiel, sólo interrogó superficialmente, además de los tres acusados y Papirucho Banda, a trece personas: Manuel Rafael Meyreles Soler, Altagracia Caridad Sánchez de Peralta, Rafael Ernesto Guzmán, Lily Guzmán, Luz María Marchena de Victoria, Altagracia Victoria de Mañón, Manuel Ramón Martínez Rodríguez, Luz María Bárbara, Victoria Marchena, Angel Ferrén Gómez Polanco, María de los Angeles Vargas Checo, Rafael Arias Perdomo, Manuel Ureña y Sergio Martínez Howley.

De las actuaciones en esta fase era poca la información útil para un nuevo escrutinio: en resumen, que Papirucho mantenía su versión de la conversación supuestamente escuchada; que Rafael Antonio Luna había negado haber sostenido ìabsolutamente ninguna conversación con el compañero Diómedes Mercedesî y que éste señalaba que ìla acusación hecha a nosotros busca encubrir y apoyar a las verdaderos responsables del crimenî; que Melvin Mañón había demostrado testimonialmente que se encontraba en su casa acompañado de varios amigos, familiares y conocidos al momento de suceder el hecho; que en conversación con su hermano Sergio, Orlando había asegurado haber recibido noticias, procedentes de la que suponía buena fuente, de que el coronel Ernesto Cruz Brea había planificado darle muerte; que Orlando había salido de su lugar de trabajo cerca de las siete menos cinco la noche de los hechos.

Se comprobó con detalles en esa etapa lo sucedido con posterioridad a los disparos: los oficiales de la policía Rafael Ernesto Guzmán y Angel Ferrén Gómez Polanco, quienes aparentemente fueron las primeras personas en presentarse al lugar en que Orlando fue herido, coincidieron en que entre las 7:00 y las 7:30 de la noche, mientras se encontraban de servicio de patrulla, escucharon la indicación por radio de presentarse a la calle José Contreras donde en un carro había un hombre presumiblemente herido. Al llegar al sitio comprobaron que el referido vehículo se encontraba estacionado a su derecha con las luces encendidas, la radio en funcionamiento y el herido sentado en el asiento del conductor con el cuerpo y la cabeza inclinados hacia la derecha, un revólver en la mano, la puerta entreabierta y el pie izquierdo afuera. El oficial de mayor rango instruyó a su compañero para que condujera al herido en su mismo vehículo hasta el hospital Lithgow Ceara, alegando que moverlo hacia la patrulla provocaría mayor desangramiento. En el hospital se enteraron de la identidad del hombre herido, quien falleció poco después de estar recibiendo las atenciones del médico de servicio. Entregaron el revólver y el vehículo de Orlando a los agentes del escuadrón contra homicidios, quienes a partir de ese momento se apoderaron del resto de las investigaciones.

Todas estas premisas suscitaban que fueran cada vez más las preguntas que se planteaba el juez Castillo Pantaleón en torno al expediente. Todas ellas le apremiaban a intensificar sus indagatorias, molestándole cada una de ellas con una particularidad especial. Al transcurrir la lectura y mientras se imbuía del ambiente que los documentos retrataban, su sueño se hacía inconstante, su mirada se perdía con frecuencia y su ceño se fruncía casi permanentemente.

Llegado el mes de enero del año 1997 rodeado de tantas interrogantes, Juan Miguel Castillo Pantaleón decidió intentar nueva vez obtener el testimonio del ex presidente. Esta vez le dirigió una comunicación judicial en los siguientes términos:

SERVICIO JUDICIAL
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE LA
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Señor
Dr. Joaquín Balaguer
Avenida Máximo Gómez No. 25
CIUDAD

En fecha 17 de marzo del año 1995 recibimos en nuestro despacho la visita de la señora ADRIANA HOWLEY VDA. MARTINEZ, quien en esa ocasión reiteró, acompañada de sus abogados, la querella mediante la cual ha continuado demandando que el Juzgado de Instrucción apoderado esclarezca el asesinato de su hijo, el periodista ORLANDO MARTINEZ HOWLEY.

Vista tal instancia, tanto nosotros como el Procurador Fiscal de entonces dimos los pasos de procedimiento correspondientes y posteriormente, en fecha 20 de abril de 1995, dictamos un Auto solicitándole a usted, quien a la sazón se desempeñaba como Presidente Constitucional de la República, su testimonio sobre cuanto fuere de conocimiento sobre tal hecho, atendido a la pública afirmación hecha por usted en la página 333 del libro ìMemorias de un Cortesano de la Era de Trujilloî.

En dicho Auto, debidamente depositado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, se guardaron las formas establecidas por el procedimiento, y se le dejó, en razón de la investidura que usted ostentaba, el privilegio de fijar el día y la hora en que nos pudiera recibir para tomar sus declaraciones. En la misma fecha, también le dirigimos una carta personal con la que pretendimos motivarle a que rompiera su silencio expresado en la controvertida ìpágina en blancoî.

Hasta que cesó como Presidente Constitucional de la República, la justicia obtuvo sólo su indiferencia, un mutismo censurable, casi tanto como la impunidad que ha acompañado al hecho a más de veinte años de su perpetración.
Más recientemente, en fecha 17 de septiembre de 1996, recibimos una comunicación de la Procuraduría General de la República, la cual, a su vez, acusaba recibo de nuestra comunicación del 12 de septiembre anterior, y textualmente expresa: ì1. Acusamos recibo de su comunicación citada en el asunto y entendemos que usted puede trasladarse con su Secretaria a la casa del Dr. Joaquín Balaguer y de la manera más cortés, solicitarle su testimonio en el caso del asesinato del periodista ORLANDO MARTINEZ HOWLEYî.

El próximo 17 de marzo se cumplirá un año más del referido crimen y, como Juzgado apoderado del asunto y junto a todos los sectores de la vida nacional que abrigan la esperanza de que el hecho finalmente se esclarezca, apelamos de nuevo a su buen sentido y a su conciencia para que obtempere nuestra solicitud de recibirnos y ofrecernos sus declaraciones.

LIC. JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEÓN
JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

En la misma forma en que lo hizo menos de dos años atrás, Castillo Pantaleón se trasladó personalmente a llevar la comunicación. Esta vez más esperanzado, pues ya no se trataba del presidente, se hizo acompañar del joven Joaquín Zapata, secretario del juzgado, y de una de las anticuadas máquinas de escribir que poseía el tribunal como instrumento de trabajo.

El secretario, que contaba apenas con veintiséis años de edad, tenía poco tiempo de haber completado sus estudios de derecho. Detrás de su aparente altanería, su atildamiento en el vestir y su cortante forma de expresarse, existía un joven con una gran disposición hacia su profesión. Pero le preocupaba lo que creía era una obstinación de su jefe y el giro que pudieran tomar las diligencias que estaban llevando a cabo desde el tribunal.

Se desplazaron antes del mediodía hasta la conocida dirección del ex presidente. Un militar de escaso rango se encontraba apostado en la puerta y a éste le inquirieron por el encargado. Se presentó ante ellos un teniente que, como única respuesta ante la previa explicación y el requerimiento de ser llevados ante el doctor Balaguer, expresó un breve y cortante ìno es posibleî, frase que repitió en la misma forma inmutable ante el reintento. Sin nada más que hacer allí dejaron el requerimiento, le solicitaron al militar que firmara una copia como recibida y se marcharon.

Para el juez, era una muestra de la incapacidad de hacer valer la autoridad judicial, en un país sin tradición de respeto hacia las instituciones. Desmoralizado, casi avergonzado, condujo hasta el juzgado en el más pesado de los silencios.
Esa misma mañana el secretario Zapata levantó un acta de descenso y visita domiciliaria que certificó:

ì...y una vez allí, en la verja frontal de esta vivienda se observó personal vestido de militar, recibiéndonos una persona uniformada que se nos identificó con el nombre de SEGUNDO TENIENTE P. N. JUSTINIANO SIERRA, y quien dijo se desempeñaba como OFICIAL DEL DÍA en dicha residencia; a quien de inmediato requerimos nos trasladara a la dependencia de dicha casa en la que se encontrase el nombrado señor DR. JOAQUÍN BALAGUER RICARDO, a los fines de tomar sus declaraciones de cuanto sea de su conocimiento en relación con el asesinato del señor LUIS ORLANDO MARTÍNEZ HOWLEY, ocurrido en esta ciudad en fecha 17 de marzo de 1975; a lo cual esta persona nos respondió que ìno era posibleî, requiriendo entonces a este militar que recibiese comunicación escrita dirigida al señor DR. JOAQUÍN BALAGUER RICARDO, cosa que hizo firmando al pie de la misma...î

Este segundo intento fallido de obtener la versión que el doctor Balaguer decía tener en su libro, provocó en los días siguientes más empeño en el tenaz juez. A partir de entonces dedicó mayor fervor a ese sólo expediente. Todo el trabajo habitual que desempeñaba vio afectada en gran proporción la atención que el magistrado le dedicaba. Empleó todo su tiempo libre y laborable, familiar y de descanso, en el caso del asesinato del comunicador. Hasta lograr su objetivo no cesaría en su esfuerzo de develar lo sucedido la noche del 17 de marzo de 1975 y esa vez lo asumió como un proyecto a corto plazo.

Al concluir que debía soslayar por el momento el expediente policial y las primeras actuaciones hechas en instrucción, resolvió dirigir su atención a otros aspectos: las versiones de los familiares y sus abogados, los muchos interrogatorios efectuados por el doctor Juan Ramón Arnaud Castillo, juez que le antecedió y algunos de los periódicos de 1975.

El magistrado Arnaud había interrogado un total de catorce personas. Algunos importantes militares o funcionarios gubernamentales; otros amigos cercanos y parientes de la víctima: Ramón Pina Acevedo, Joaquín Antonio Pou Castro, José Ernesto Cruz Brea, Salvador Lluberes Montás, Enrique Pérez y Pérez, Ramón Emilio Jiménez Hijo, Víctor Gómez Bergés, Neit Rafael Nivar Báez, Luis Rafael Ortega Oller, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, Aris Narciso Isa Conde, José Israel Cuello Hernández, Nilson Martínez Howley y Luis Mariano Martínez.

La familia de Orlando reiteró, a través de sus abogados, una querella contra los asesinos firmada por el padre del extinto periodista y fechada poco antes de cumplirse los diez años del crimen. En ella manifestaba que su hijo ìterminó su bachillerato en Filosofía y Letras e inició sus estudios de Sociología en esta ciudad de Santo Domingo y, desde muy temprana edad, mostró su inclinación por las actividades políticas y literarias a las que se dedicó con amoroso desinterés y a través de las cuales sirvió a las causas más justas del pueblo dominicano.î

Señalaba que ìLa pluma valiente e insobornable de mi hijo le conquistó un nombre imperecedero en el periodismo y, al propio tiempo, como era lógico y natural, la enemistad de los que temen a la luz de la verdad, porque sólo en las sombras pueden colmar sus instintos primitivos.î Y en otro de sus párrafos: ìOrlando, que no tuvo enemigos personales, fue abatido por los enemigos de las ideas que él sustentaba y de los sectores que, como los campesinos, con su pluma defendíaî.

Este documento hacía mención, entre otras cosas, de aquellas personas inocentes que fueron perseguidas, encarceladas y luego puestas en libertad como una forma de esconder a los verdaderos culpables y de la entrevista gestionada por el señor Ramón A. Font Bernard con el presidente Balaguer en la cual su otro hijo Edmundo, ìluego también vilmente asesinadoî le entregara por escrito los nombres de los asesinos de Orlando.

La frase conmovió al magistrado Castillo Pantaleón penetrantemente. ¿Sería posible que los mismos asesinos de un hermano hayan hecho callar al otro? Sabía que había muerto en condiciones nunca totalmente aclaradas y que era, de los hermanos de Orlando, el que mayor información había manejado en torno a su asesinato.

Sin embargo, lo más trascendente para los propósitos de la justicia lo constituía la referencia que hacía a una investigación que, según el general Neit Rafael Nivar Seijas, habían estado a cargo del coronel Caonabo Reynoso Rosario ìY que se grabaron varias cintas magnetofónicas en las que quedaron plasmados los interrogatorios practicados a todas las personas que fueron detenidasî. Destacaba la afirmación que tal expediente reposaba en los archivos de la policía y que de las cintas magnetofónicas existían copias en manos de algunas personas, entre ellas el periodista don Rafael Herrera Cabral y el mismo general Nivar Seijas.

Todas estas expresiones fueron repetidas por el señor Martínez en sus declaraciones ofrecidas ante el magistrado Arnaud, donde añadió estar seguro de que la referida investigación se había realizado, porque el mismo general Nivar Seijas se lo hizo saber a su hijo Nilson Martínez. Este último a su vez, al corroborar lo expresado por su padre y relacionar incluso la muerte de su otro hermano Edmundo con las investigaciones que llevaba a cabo, solicitó al juez que fuese interrogado el hijo del general Neit Nivar Seijas ya que éste había fallecido.

El general Nivar Seijas había sido designado jefe de la policía poco después de apoderada la justicia del expediente instrumentado por la junta que tuvo a su cargo la investigación del crimen. En su nombramiento se le asignó la tarea específica de aclarar el asesinato del periodista. En un hecho sin precedentes se produjo de inmediato la renuncia en masa de los jefes de las distintas ramas de las fuerzas armadas. ¿Había el presidente desautorizado de esta forma el informe precedente?, ¿tenía algún nexo oculto una cosa y la otra?, se preguntaba Castillo Pantaleón en constantes cavilaciones.

Neit Nivar Báez, hijo del fenecido jefe policial, fue interrogado por el juez Arnaud. Testificó que era cierto que su padre había encabezado una investigación de la cual hizo grabar varias cintas; que esas cintas fueron repartidas a diferentes amigos y que en los archivos de la policía existía una copia; y que él incluso había logrado escucharla en una ocasión. Ramón Emilio Jiménez, al ser interrogado al respecto, también dejó traslucir de ello un conocimiento vago; Pérez y Pérez fue aún más lejos al expresar: ìtuve información extraoficialmente de que se estaba realizando una investigación para esclarecer el caso de la muerte del periodista Orlando Martínez y que había sido interrogado el Mayor Pou Castro y otros más, pero en ningún momento supe los resultados ni en el sentido de qué se realizó la investigación y hasta la fecha no sé nada de lo que se tratóî. Chinino fue el más parco de todos, respondiendo al cuestionamiento con un simple ìsí, yo oí esoî.

En este mismo sentido coincidieron las exposiciones hechas por Marino Vinicio Castillo, Narciso Isa Conde y José Israel Cuello. Sabían que había existido un justificado segundo informe.

Castillo Pantaleón comparó estas piezas de interrogatorio con los recortes de periódico que el mismo sumario contenía. Uno de ellos le llamó particularmente a la atención: la primera plana del periódico El Nacional del 31 de octubre de 1975. La información reseñaba que dos oficiales de alta graduación eran interrogados en relación con la muerte del periodista Orlando Martínez:

ìEl mayor Joaquín Pou Castro, de la Fuerza Aérea, y el mayor Félix Polanco González, del Ejército Nacional, están bajo investigación del cuerpo del orden, según confirmó el mayor general Neit Rafael Nivar Seijas, quien dijo que ambos oficiales están detenidos. El jefe policial fue localizado alrededor de la una de la tarde de hoy en su despacho y confirmó que los dos oficiales estaban siendo investigados. El general Nivar Seijas dijo que tenemos a Pou bajo investigación desde hace cuatro días y al ser cuestionado sobre el mayor Polanco González dijo que fue detenido hoy, está bajo investigación. Pero EL NACIONAL supo que por lo menos hay un cabo paracaidista de la Fuerza Aérea apellido Durán que está bajo investigación por la misma causa. También un civil apellidado Lluberes estaría detenido bajo la misma investigación y la policía busca a dos ex miembros de La Banda vinculados con el asesinato del periodista que fue director de la revista Ahora! y columnista de este diario. Martínez fue muerto en la Calle José Contreras en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de santo Domingo (UASD), el 17 de marzo de este año entre 7:30 y 8:00 de la noche. Se informó que esta mañana se realizó un allanamiento a una residencia en la que supuestamente el mayor Pou Castro tenía lo que fue definido como un verdadero arsenal. Aún cuando el mayor general Nivar Seijas se limitó a decir que ambos oficiales son investigados, EL NACIONAL supo que por lo menos uno confesó su participación en los hechos. Los informantes de este diario no dijeron si el cuerpo de orden investiga quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato del periodista Martínez ni cuántos de los apresados han confesadoî...

Analizando con mayor cuidado esta parte de los legajos, Castillo Pantaleón se planteó que la investigación aludida por los declarantes ante el juez que le antecedió debía existir necesariamente y que la noticia aparecida debía relacionarse en alguna forma con ella. Ante el silencio de Balaguer, la ubicación de la cinta que contenía la investigación mencionada era el camino más seguro a transitar y en tal derrotero encaminó su búsqueda.

Recordó que una vez, durante una reunión casual de amigos en el patio de su casa, el entonces presidente de la federación canina comentó al descuido que Pou Castro era el homicida de Orlando, afirmación que aseguraba haber escuchado personalmente de los labios fanfarrones del propio Pou mientras se vanagloriaba de haber sido el autor de ese hecho durante la inauguración de una heladería o algo parecido en la ciudad de Santiago. Cotejó este comentario con lo leído en el expediente en una pregunta relacionada con ello que Arnaud le formuló al propio Pou Castro: ìExiste una versión, según la cual, usted en la ciudad de Santiago, en estado de embriaguez, confesó haber disparado a Orlando Martínez, ¿es cierto eso?î

Determinó de inmediato rastrear el paradero del hijo de Nivar Seijas, de los familiares que sobrevivían a don Rafael Herrera, de cada uno de los miembros de la comisión investigadora: Robinson Brea Garó, Raúl Darío Aristy Calvo y José Ernesto Ricourt Regús, además de todos los demás militares por cuyas manos pasó la parte del caso remitida a la justicia. Inclusive proyectó recabar la autoridad del procurador general a fin de que éste ordenara la búsqueda en los archivos de la policía y hasta interviniera en las oficinas correspondientes del palacio para que se le permitiera hurgar personalmente entre los documentos más añejos de los ficheros o carpetas palaciegos.

Y es enfrascado en estos afanes cuando se produce el reencuentro con el periodista Fausto Rosario Adames, quien también se hallaba tras la pista de una investigación distinta a aquella que constituía el fundamento del primer expediente judicial.

Tras varias llamadas telefónicas Rosario Adames accedió a reunirse con Castillo Pantaleón, pero exigiéndole que fuera a solas, en un lugar diferente del juzgado de instrucción que se caracterizara por discreto. El juez le sugirió encontrarse en un establecimiento comercial de propiedad familiar, lo que el periodista entendió adecuado y quedó concertada la cita.

Una vez reunidos a puerta cerrada Fausto empezó a narrar su conversación con Joaquín Antonio Pou Castro y a describir su carácter, anteponiendo como condición que sus palabras no fueran grabadas, que no constaran de manera oficial como un interrogatorio de instrucción y que no se tomaran notas de las mismas. Así las cosas, contó partes de la conversación con el ex militar que no fueron publicadas por la revista Rumbo.

Fue un largo encuentro que Castillo Pantaleón resumió en dos cosas. La primera, que Pou Castro había querido decirle a Fausto verdades a medias cuando le aseguró que los asesinos de Orlando eran dos y habían fallecido. La segunda que, al igual que él, Rosario estaba convencido de la existencia de una investigación secreta y que la buscaba calladamente.
Según dijera Pou Castro a Rosario, el teniente Apolinar Rivas Cordero y el sargento Eulogio Cordero Germán, que habían sido mencionados por la prensa en el año 1975, ambos de la fuerza aérea, habían sido los perpetradores materiales del hecho de sangre y ambos habían ya fallecido.

Sin embargo, Fausto tenía la certeza de un nombre en particular que para Castillo Pantaleón sólo era la sospecha de uno más. Alguien poseía las cintas magnetofónicas. Su nombre surgió casi imperceptiblemente, como si no hubiese querido pronunciarlo. Castillo Pantaleón ya lo había barajado. Entonces ambos se despidieron conscientes de que uno de ellos llegaría antes que el otro a manejar los resultados de esa investigación secreta: el periodista o el juez.

Mientras tanto y por instrucciones del magistrado en el juzgado, el secretario fotocopiaba cuidadosamente cada uno de los documentos que formaban parte del expediente. Sabía que era fácil sustraer cualquier cosa de los tribunales. Ya una vez el magistrado Arnaud había denunciado que el juzgado necesitaba un guardián para proteger los documentos que allí reposaban y, ciertamente, el mismo había sido violado en diversas ocasiones porque allí no existían las condiciones mínimas de seguridad. Ni mucho menos condiciones de trabajo, comodidad, personal suficiente o adecuado, material o tecnología. Los que allí trabajaban lo hacían armados solamente de vocación.

Es bajo la presión de estas condiciones que el ingeniero, editor y escritor José Israel Cuello retaba a ese juez, en un programa de televisión matutino de transmisión diaria, a que se dejara de estar haciendo aspavientos, que él y mucha gente sabían quién era el depositario de la página en blanco del doctor Balaguer y que si sus intenciones eran las de hacer una investigación realmente seria, debía empezar contactando a esa persona.

El magistrado sabía que Cuello era uno de los impresores más activos del medio, con una larga historia de lucha antitrujillista, de los fundadores del movimiento 14 de junio y del partido Comunista cuya esposa, Lourdes Camilo, tenía una relación de parentesco con su familia materna. Aunque no lo conocía personalmente, tenía referencias de que pese al frecuente uso de una fina ironía en sus programas de televisión y escritos, era una persona de convicciones irreductibles.

Ni corto ni perezoso, al día siguiente Castillo Pantaleón se dirigió a la estación de televisión donde el ingeniero Cuello laboraba y lo increpó:
óIngeniero, dígame, aquí estoy.
El ingeniero lo miró inquisitivamente y en silencio.
óDígame ?le repitió.
Finalmente el ingeniero dio muestras de reconocerlo:
ó¿Y tú no eres el juez que citó a Balaguer?
óSí, ingeniero.
óDéjame estrechar tu mano, muchacho.
Luego de una conversación ligera Cuello le narró que, encontrándose en un bar de la zona colonial de la ciudad un galeno, a quien identificó como uno de los médicos de cabecera del doctor Balaguer, en una conversación entre conocidos sobre los diarios de los médicos de Francois Mitterrand y Mao Tse Tung y los terribles secretos de sus pacientes que se vieron precisados a guardar, había expresado preocupación por la gran responsabilidad que tenía en sus manos. Decía sentirse atormentado ya que en su poder se encontraba un documento que podría hacer cambiar el curso de la historia. Se declaró el depositario de la famosa página en blanco de Balaguer.
Respecto a este hombre y sus afirmaciones, Castillo Pantaleón le pidió más datos, confirmación sobre sus aseveraciones e informe sobre su paradero. El ingeniero Cuello se los ofreció para el día siguiente, exhortándolo a regresar a buscarlos en la misma televisora.

El juez le visitó durante varios días consecutivos en espera de lo prometido. Tan constante y exactamente se presentaba en el lugar, que los empleados llegaron a decirle a Cuello: ìingeniero, ahí está su cobradorî. Hasta que finalmente un día coordinó un encuentro entre los dos.

Reanudó entonces el magistrado Castillo Pantaleón la búsqueda de las cintas, las transcripciones de las cintas, fotocopias de tales transcripciones, cualquier cosa que revelara la existencia de una auténtica investigación; aquella que arrojó los verdaderos resultados y que dio lugar a esa controversial primera plana del periódico El Nacional del 31 de octubre de 1975.

Investigó, a través de prudentes ex militares amigos, a los familiares del fallecido Caonabo Reynoso, a Robinson Brea Garó, a José Ernesto Ricourt Regús, a Raúl Darío Aristy Calvo, al doctor Antonio de los Santos, a Rafael Guillermo Guzmán Acosta. A los familiares de los difuntos don Rafael Herrera, director del Listín Diario, y del general Nivar Seijas, ex jefe policial que ordenó la segunda investigación. A Tucídides Martínez, hermano de la víctima que había laborado como abogado ayudante del fiscal del Distrito y al mismo fiscal, doctor Augusto César Canó González.

Entendía que la mayoría de ellos conocía los resultados de esa investigación, pero que contar con su cooperación por los canales correspondientes, citaciones y comparecencias ante el tribunal, iba a ser poco menos que imposible, dadas las relaciones y el poder político, económico o militar que en su mayoría ostentaban, lo que de ordinario obstaculizaba el curso normal de los procesos judiciales.

Buscó intermediarios, amigos o conocidos comunes que pudieran interceder. Se dijo a sí mismo que si pretendía hacer un trabajo efectivo debía intentar el convencimiento personal y no las vías oficiales. Buscó personas y direcciones a través de abogados ex militares y habló con algunos en las oficinas de la procuraduría; envió discretas correspondencias a otros o a sus familiares y solicitó la colaboración de parientes.

Algunos familiares reaccionaron en forma altanera, uno que otro se encontraba residiendo en el exterior o se desempeñaba en un cargo diplomático, y el resto simplemente ignoró deliberadamente los requerimientos del juez de instrucción. Hasta que en el momento menos esperado produjo la visita adecuada, la de aquella persona cuyo nombre casi no se dijo en el encuentro con Fausto Rosario.

Esa persona, a quien a partir de entonces el juez apodó como ìmi amigoî y que más tarde llamaría ìveterinarioî, desde el primer encuentro dejó leer en sus ojos la posibilidad. A ella Castillo Pantaleón dirigió sus mejores dotes de convencimiento. En palabras no pronunciadas quedó establecido que no iba a ser difícil obtener su colaboración, pero primero tendría que recabar su confianza y verlo posteriormente a solas. Sin dudarlo un instante, sin razonar la existencia de algún peligro ni temerlo, el juez se lanzó.

A través de la procuraduría general se arregló un inútil encuentro con los ex militares José Ernesto Ricourt Regús y Raúl Darío Aristy Calvo, donde el primero se ofreció, sin explicar por qué, a contactar al ex general Enrique Pérez y Pérez; y donde conoció que el segundo, que había sido coronel y logrado el rango de general constituyendo el primer comandante del departamento de investigaciones contra homicidios, había profesado su fe cristiana a raíz del diagnóstico de un carcinoma en su esposa y se dedicaba por entero a la vida estrictamente familiar.

Días más tarde en la procuraduría le comunicaron al juez que Ricourt Regús, quien en ese momento era funcionario al servicio de ese despacho, se había reunido con Robinson Brea Garó para informarle de las gestiones que se estaban llevando a cabo en los ámbitos judiciales. Ricourt fue por muchos años coronel encargado del departamento jurídico policial que instrumentó muchos de los sometimientos de los llamados ìdoce años de Balaguerî. Había sido pensionado como militar y había ingresado en la judicatura posteriormente como juez, de donde más tarde fue sustituido. En esa posición había compartido el espacio de trabajo con el presidente Leonel Fernández, quien laboró como abogado de oficio en el tribunal que presidía. Por esa razón, al llegar Fernández a la primera magistratura, había sido designado como ayudante del procurador general.

Pérez y Pérez había sido secretario de las fuerzas armadas varias veces, jefe del ejército y comandante de las más importantes brigadas en diferentes ocasiones y algunos sectores le atribuían haber creado el grupo paramilitar ìLa Bandaî, que había aterrorizado los grupos sindicales, estudiantiles y políticos de oposición en la primera parte de los célebres doce años. Lo señalaban como cabecilla de un equipo militar antagonista del clan supuestamente encabezado por el general Nivar Seijas.
Sin embargo ìel veterinarioî era de una casta diferente. Con él Castillo Pantaleón acordó un encuentro posterior el día que decidió visitarlo a su hogar solo y sorpresivamente. Luego de una conversación cordial en la que ambos se estudiaban detenidamente, ìel veterinarioî le dijo:

óHablaré con usted, pero conservaré mi anonimato no importa lo que pase. No hablaré oficialmente, no hablaré en un tribunal ni por teléfono, ni en el lugar que usted decida porque no deseo poner en riesgo mi integridad ni la de mi familia. El próximo sábado, a las nueve de la mañana, nos encontraremos en el parqueo del supermercado de la Sarasota. Vaya solo y vista discretamente. Usted me identificará desde lejos porque yo estaré utilizando una gorra negra.

Sin detenerse a analizarlo, el juez accedió. Sólo lo avisó en su casa y, con la emoción del que está a punto de realizar un importante descubrimiento, se dispuso a esperar impacientemente la llegada del día señalado.

Ese sábado salió más temprano de la cuenta hacia el supermercado. Portaba legalmente desde el año 1987 un arma de fuego que le asignara el jefe de la policía luego de su ingreso a la judicatura como juez del tribunal de tránsito y la llevó bajo el asiento de su vehículo como precaución, a pesar de no haber disparado nunca con ella. De hecho, era una chanza habitual entre sus amigos más cercanos que el arma tampoco había sido objeto de limpieza desde que cayó en sus manos.

ìEl veterinarioî llegó puntual a la cita y le apresuró a ocupar el asiento junto a él en el automóvil que conducía. Llevaba lentes oscuros y en su cabeza, ciertamente, una gorra negra. Sin dudar un instante Castillo Pantaleón cerró su propio auto y subió rápidamente al vehículo del ìveterinarioî. Emprendieron la marcha de inmediato en dirección a la autopista; durante el trayecto se tocaron temas enervantemente intrascendentes salpicados de largas pausas. Entonces cayó en cuenta de que había olvidado su arma, que quedó dentro de su vehículo todo el día.

Llegaron a una pequeña y solitaria finca bastante alejada de la ciudad y empezaron a caminar entre los frutales que la poblaban. Allí ìel veterinarioî examinó en una forma poco discreta al juez, aparentemente en busca de algún tipo de arma o grabadora de sonidos. Incluso agarró fuertemente el reloj de pulsera hasta quedar convencido de que no era más que eso, un simple reloj de pulsera. El juez, con el corazón latiéndole briosamente, le espetó:

Un poco confuso ìel veterinarioî se excusó señalando que ninguna precaución sobraba cuando se trataba de este caso que involucraba a algunas de las personas más peligrosas que había conocido en su vida, y continuó caminando con largas y muy rápidas zancadas. El juez le siguió apresuradamente en la dirección desconocida que había tomado.

Mientras movía ruidosamente los arbustos que encontraba a su paso, como si deseara que el ruido de las hojas amortiguara sus palabras o entorpeciera la posibilidad de ser grabado, ìel veterinarioî empezó a hablar en forma desorganizada. Sin posibilidad ni deseo de dar marcha atrás lo siguió Castillo Pantaleón, gritando casi las preguntas.

Aguzando el oído el juez confirmó la existencia de un segunda investigación ordenada por Neit Nivar Seijas, distinta de aquella que había realizado la junta investigadora que presidía el general Brea Garó, subjefe de la policía. ìEl veterinarioî la había tenido en sus manos. En este punto Castillo Pantaleón lo detuvo por el brazo:
óEspérese, espérese, así no podemos seguir, usted camina demasiado rápido...

Aprovechando la pausa intervino con temor de que el hombre suspendiera el hilo de lo que narraba entrecortadamente. Sintió que era necesario hacerle ver lo que sabía a fin de mostrarle la seguridad suficiente que le motivara a seguir hablando. Le afirmó que conocía cómo se había perpetrado el crimen, pasando a hacerle un relato pormenorizado de toda la hipótesis de perpetración que había elaborado para sí, mencionándole incluso nombres como el de Eulogio Cordero y Apolinar Rivas y la información aparecida en octubre de 1975.

Evidentemente sorprendido el veterinario le observó:
óPero... usted lo sabe todo, ¿qué más es lo que quiere?
óNecesito la confirmación, necesito detalles, necesito indicios que bajo el escrutinio de los procesos criminales resulten suficientes para llevar a cabo una actuación judicial.

Rápidamente y en un tono de voz bajo, como si temiera ser escuchado, ìel veterinarioî narró lo que conocía de esa segunda investigación la cual produjo, en su momento, el arresto de varias personas, militares y civiles; entre ellos, el mayor de la fuerza aérea Pou Castro, Freddy Lluberes, el cabo Durán y el raso De la Rosa, quienes terminaron confesando su participación en el hecho. Que esas confesiones fueron grabadas y señalaban que el mayor Pou Castro había sido encargado, junto a su equipo, de romperle los brazos al periodista Martínez para que éste no siguiera escribiendo, y que esa orden partió directamente del general Salvador Lluberes Montas, a quien apodaban Chinino.
Que Pou Castro trató de evadir el encargo por cerca de una semana alegando que no había ubicado al periodista y que para esos fines el general Lluberes le ordenó valerse del coronel Isidoro. Que el 17 de marzo Pou, conduciendo su vehículo azul y acompañado de Freddy Lluberes, Durán y De la Rosa, se sentó a esperar frente al local de la editora El Nacional tomándose unos tragos mientras en otro vehículo se encontraba el tal Isidoro, quien les señaló el vehículo del periodista cuando este pasó. Que lo siguieron hasta que, como táctica para que se detuviera, lo chocaron ligeramente. Que entonces Durán se desmontó con un arma oculta en sus manos y al notar que el periodista estaba empuñando un revolver 38 le hizo un disparo en la cara.

Recordó que, según su confesión, Pou discutió con Durán después del hecho, reclamándole que había dañado ìel servicioî y que Durán explicaba que el hombre ìse había espantadoî por lo que tuvo que dispararle. Que continuaron discutiendo y que Pou llevó a todos los demás a distintos sectores de la ciudad, algunos de ellos en Gazcue. Que posteriormente Pou le contó lo sucedido a Chinino, quien se molestó porque el asunto se había ido de las manos. Concluyó diciendo que Félix Polanco González, Polanquito, uno de los mencionados por el periódico, había sido aprehendido en el año 1975 pero que no había tenido nada que ver con el asunto.

Entonces Castillo Pantaleón comprendió que este hombre estaba narrando algo que había leído muchas veces, algo que se sabía casi de memoria. Comprendió que este hombre tenía en su poder las cintas o los interrogatorios y encauzó toda su curiosidad en esa dirección.

ìEl veterinarioî le aseguró que la cinta magnetofónica con las confesiones de los perpetradores del asesinato fueron preparadas en el departamento contra homicidios de la policía y que allí, no sólo Raúl Darío Aristy Calvo, quien era a la sazón jefe del departamento, sino sus demás miembros y colaboradores tuvieron acceso a ellas. También el jefe del servicio secreto, coronel Caonabo Reynoso Rosario, el consultor jurídico, coronel Ernesto Ricourt Regús y hasta el propio jefe Neit Rafael Nivar Seijas, además de personal del departamento contra homicidios y del archivo central.

Finalmente relató que cuando fueron conducidos los arrestos de los implicados, al mismo tiempo se practicaron allanamientos en sus respectivas viviendas. Durante los mismos al mayor Pou Castro le fueron ocupadas armas de todo tipo y calibre, silenciadores, granadas y explosivos. Describió a éste como un individuo despiadado y peligroso y asesino por encargo que amenazó de muerte, mientras se encontraba detenido, a los oficiales que produjeron su arresto, llegando incluso a atentar contra la vida de alguno de ellos.

Llegado a este punto, ìel veterinarioî dio por concluida la conversación. Sin embargo Castillo Pantaleón no estaba satisfecho. Notando que ìel veterinarioî lucía cansado sintió que lo mejor era continuar posteriormente y le solicitó un nuevo encuentro al día siguiente. Sorprendido por la tenacidad del individuo ìel veterinarioî accedió.

Antes de despedirse, de nuevo en el supermercado, el juez le reiteró:
óPor favor, mi amigo, apórteme algo más concreto. Yo no puedo actuar contra nadie a partir de una conversación que ni siquiera puede constar como un interrogatorio formal ante el juzgado de instrucción. Confíe en mí, apórteme la investigación, que yo sé que usted la tiene.

Sin responder, ìel veterinarioî levantó la mano en señal de despedida. Le obsequió la gorra negra que había estado utilizando y le recomendó llevarla puesta cuando volvieran a encontrarse.

óEs muy peligroso para los dos que nos reconozcan ?le dijo, y acto seguido se marchó.
Esa noche Castillo Pantaleón tomó unas cuantas hojas y junto a su esposa empezó a escribir rápidamente todo cuanto había escuchado. Estuvo comentando lo sucedido con ella hasta muy tarde y sólo entonces reparó en los riesgos que inadvertidamente había corrido. Antes de irse a dormir guardó cuidadosamente sus apuntes.

Al día siguiente no quiso desayunar. Con sus ideas un poco más claras y luciendo su nueva gorra negra, el juez salió a encontrarse de nuevo con el ìveterinarioî en el lugar acordado.
De nuevo en la finca del día anterior su amigo le reservaba una pequeña sorpresa.
óMire, yo no puedo proporcionarle las cintas o las transcripciones de la investigación, pero le he traído esta ficha donde constan los datos del vehículo con el cual se cometió el asesinato.
Se trataba de un vehículo marca Datsun, color azul, modelo 1200, año 1969, chasis LB110-017243, motor A-12-572360, que al momento de la perpetración no llevaba placas.

El juez examinó atentamente el pequeño y amarillento documento escrito a máquina, notando que el mismo había estado enganchado durante mucho tiempo, evidentemente con un clip metálico junto a otros papeles. Tenía su marca oxidada. Se dijo a sí mismo que esos otros papeles eran precisamente los que quería.

La conversación entre ambos fue esta vez un poco menos tensa. Empezaban a confiar mutuamente e incluso a tutearse, pese a la diferencia de edad y pese a que Castillo Pantaleón encontraba muy difícil tutear a las personas. Desde su infancia trataba de usted a todas las personas mayores, profesores, damas e incluso a sus padres. Tutear a este hombre era para él un esfuerzo mayor.

Ese domingo ìel veterinarioî puntualizó los nombres de los perpetradores. Le confirmó que el mayor de la fuerza aérea Pou Castro conducía el vehículo, mientras sus acompañantes eran Freddy Lluberes, Luis Emilio De La Rosa, y el cabo Mariano Durán, quien había realizado el disparo mortal. Que el coronel Isidoro Martínez, a la sazón ayudante de Salvador Lluberes Montás, Chinino, había llevado a cabo la ubicación del periodista.

Al ser cuestionado al respecto, descartó los nombres del teniente Apolinar Rivas Cordero y del capitán Bienvenido Cruz Acevedo. Señaló que este último, pese a haber sido mencionado incesantemente por el rumor público, no tuvo participación en ese hecho en particular.

Sin embargo, Castillo Pantaleón ya no mostraba tanto interés en la conversación. Tenía una idea fija y era obtener las cintas o las transcripciones. Sin ellas, toda la información que ahora poseía era inútil para los fines de la justicia. Para poder actuar contra cualquier persona debía contar con indicios serios y precisos. Una conversación informal en una finca y una ficha manchada no constituían indicios, en el sentido jurídico de la palabra. En tal sentido guió por un derrotero distinto la conversación.

ìEl veterinarioî hizo una larga pausa antes de responder a una inquietante pregunta que le formuló el juez. Pensó, en principio, que debía ignorarla. Luego reflexionó que si la respondía tal vez ese obstinado muchacho dejaría de requerirle a él las transcripciones. Casi en contra de su voluntad le dio los nombres de aquellas personas que intervinieron en los interrogatorios a los acusados cuando confesaron en octubre del año 1975.

Con gran seguridad le explicó que los oficiales que participaron fueron el mayor de la policía y abogado Mauricio Pérez Acosta, quien había fallecido en Barahona aproximadamente tres años atrás pero cuya familia era localizable aún en esa provincia; el coronel jefe de Contrahomicidios, Aristy Calvo, que aún vivía pero que se encontraba retirado desde hacía varios años; el oficial Rafael Cabrera Rodríguez, a quien apodaban Felo, que había sido pensionado como teniente coronel y vivía en Puerto Plata. De este último sabía que tenía un hijo al servicio del departamento de falsificaciones de la policía con el rango de mayor o capitán y residía en la capital.

Agregó que, además del coronel Reynoso, del jefe de la policía y las demás personas que le mencionó ayer, también tuvieron acceso al informe el subjefe de la institución Rolando Martínez, ascendido a general para la época y el doctor Tucídides Martínez, hermano del periodista asesinado quien trabajó como ayudante del fiscal en Contrahomicidios, al cual no se le permitió copia de los interrogatorios pero quien de una u otra forma llegó a tener conocimiento de sus resultados.

óYa yo he intentado obtener la investigación con varias de esas personas y ha sido imposible. Ha sido imposible hasta localizar a algunos de ellos. La viuda de uno incluso trató groseramente a mi secretario cuando éste se presentó en su residencia a entregarle de manera cortés una comunicación mía. Yo sé que tú la tienes, mi amigo. No tienes que admitirlo ahora. Sólo te pido que lo pienses. Yo te volveré a llamar en pocos días. Me gustaría una respuesta positiva. Yo te garantizo el anonimato si es necesario. Sólo quiero que me permitas fotocopiar los documentos que yo sé que posees. Si así lo entiendes pertinente, nadie sabrá que fuiste tú quien me proporcionó las copias. Te ruego que lo pienses y que confíes en lo que te digo ?fue la vehemente demanda de Castillo Pantaleón.

ìEl veterinarioî, impresionado con la obstinación, hizo un largo silencio. Analizaba intensamente esas palabras mientras recogía frutos diversos que pensaba compartir luego con el juez. Este respetó la reserva de sus pensamientos. De repente se interrumpió para recomendarle, encarecidamente y de una manera casi paternal, que reforzara los sistemas de protección que utilizaba. Era evidente que conocía demasiado bien la perversidad de algunos de los involucrados. Reiteró su recomendación insistentemente.
Llevaron lo recogido hacia el vehículo que se inclinó con el peso de los comestibles. Una vez frente a su automóvil, mientras guardaba y agradecía lo recibido, el tiempo y los consejos, el juez se despidió con afecto diciéndole:
óNos veremos muy pronto.
Y ìel veterinarioî asintió.

En los primeros días del mes de marzo de ese año de 1997 el magistrado Castillo Pantaleón llevó un oficio confidencial al procurador general, en el cual le informaba sobre los avances logrados hasta el momento en la investigación del expediente relativo al asesinato del periodista Martínez. En él transcribió lo mejor que pudo todo lo tratado con ìel veterinarioî.
Esa comunicación finalizaba con el siguiente párrafo:

ì4.?En este sentido, y dada la delicadeza, trascendencia y gravedad de todo lo aquí expuesto, requerimos de ese despacho la colaboración que nos permita realizar las pesquisas adicionales que servirán de apoyo y confirmación de estas investigaciones, que iremos solicitando de acuerdo a un plan de acción y en la medida de su necesidad.î

Como respuesta recibió la llamada del doctor Rodríguez del Orbe que le requería en su despacho. Curioso, el juez se presentó de inmediato. Abelito, como la mayoría de sus amigos lo llamaba, le expresó que podía contar con la mejor disposición de parte del ministerio público. Se le notaba complacido y dispuesto. Castillo Pantaleón entendió entonces que no estaba solo.

El magistrado instructor recurrió a funcionarios amigos que laboraban en la administración pública a fin de recabar la mayor cantidad de datos posibles sobre todas las personas que se relacionaban de una u otra forma con el caso. Para ello se comunicó en varias ocasiones con el consultor jurídico de la Junta Central Electoral, doctor Américo Moreta Castillo y el subdirector del Instituto Postal, doctor Manuel Joaquín Aybar Ferrando, los cuales colaboraron discreta y resueltamente en la ubicación de datos y direcciones de numerosas personas a quienes dirigió telegramas y citaciones mediante acto de alguacil o de las cuales indagaba su estatus o su paradero.

Se dirigió mediante oficio a la Hermandad de Pensionados de las fuerzas armadas y de la policía y al mismo despacho de la jefatura policial. Sin embargo, para lograr el auxilio de estas instituciones y de la jefatura de estado mayor de la fuerza aérea fue necesario recurrir, con posterioridad, a la intervención del doctor Rodríguez del Orbe, quien le acompañó en algunas de sus visitas y, desde sus altas funciones en el ministerio público, ordenó le fueran puestos a su disposición los archivos militares.

Apeló también al fiscal Moreno, informándole de las pesquisas que realizaba en torno al expediente y advirtiéndole que se encontraba próximo a obtener resultados concretos. Como éste, en principio, no tomara en serio sus afirmaciones, el juez instructor invocó de nuevo al procurador, quien citó a ambos en su residencia del sector de Gazcue. Allí Abelito señaló al doctor Moreno que la sumaria que estaba llevando a cabo el juzgado de instrucción de la cuarta circunscripción constituía un trabajo serio que contaba con todo su apoyo, por lo que le solicitaba que, desde sus funciones como representante del ministerio público, ofreciera igualmente el soporte material o técnico que fuera necesario. Especialmente, explicó, debido a la necesidad de no recurrir, en la medida de lo posible, a los canales oficiales, a fin de que se preservara el secreto de la labor que efectuaba Castillo Pantaleón.

Por último, se valió de amigos y personas conocidas dentro de algunas editoras de periódicos de circulación nacional a fin de obtener las fotografías del vehículo y del cadáver tomadas los días posteriores al asesinato.

Sin embargo, ninguna de las piezas o los datos obtenidos le produjo mayor satisfacción que aquella que ìel veterinarioî, finalmente, le proporcionó.

Se había mantenido telefoneando sin resultados a quien ya trataba de amigo, hasta que una tarde recibió en su casa una llamada misteriosa de alguien que se identificaba como ìsu veterinarioî. Al tomarlo descubrió con sorpresa que sus empeños eran recompensados. Le permitiría una copia de la transcripción de los interrogatorios siempre y cuando mantuviera en secreto la fuente. Castillo Pantaleón le dio su palabra y coordinaron encontrarse al día siguiente a las dos en punto de la tarde en un discreto establecimiento comercial de la avenida 27 de febrero.

Informó al doctor Rodríguez del Orbe y al doctor Moreno de esta cita, conviniendo con ellos una sesión de estudio de los documentos inmediatamente después de la recepción. Ambos le esperaron en la residencia del primero desde las dos de la tarde de ese martes. Sin embargo, por alguna razón, ìel veterinarioî no hizo su aparición hasta un par de horas después, provocando la desazón entre los tres funcionarios judiciales, quienes mantenían un estrecho contacto por la vía telefónica.

Castillo Pantaleón le esperaba en el lugar convenido desde mucho antes de la hora acordada. Sin embargo, pasaban los minutos lentamente, para su mayor agitación. Salía hasta la acera una y otra vez esperando avistar el vehículo en el cual vendría. Luego de transcurrida una hora decidió telefonear al número telefónico que ya ìel veterinarioî le había dado. Nadie contestaba. Especuló que su amigo lo pensaría de nuevo y se habría arrepentido.

Se empeñaba en alejar el pensamiento de que tal vez alguien le habría impedido llegar. Y las horas seguían pasando mientras recorría nerviosamente la distancia entre el borde de la calle y el aparato de teléfono ubicado en el interior. Cerca de las cinco, conducido según vio por un chofer, apareció el vehículo esperado. Al desmontarse y tropezar con la mirada preocupada del juez, ìel veterinarioî susurró unas disculpas casi inaudibles penetrando rápidamente al establecimiento. Llevaba un sobre manila en las manos.
Sacó las hojas apresuradamente y aparecieron ante sus ojos los esperados interrogatorios.
ó¿Me puedo quedar con esto?
óNo, sácale una copia.
Procedió a fotocopiarlas tan rápido como le fue posible. Echaba un vistazo a cada página que salía confirmando que en su primer encuentro ìel veterinarioî había repetido, tan exactamente como pudo, lo que recordaba de esos documentos. Las confesiones que Castillo Pantaleón leía encajaban perfectamente con la reconstrucción teórica que había hecho del asesinato.
Devolvió los originales a su dueño olvidando darle las gracias. En su presencia habló nuevamente con el procurador y el fiscal notificándoles la buenas nuevas.
Antes de despedirse, el magistrado le preguntó a su amigo por qué había elegido el apodo de ìveterinarioî.
óPorque siempre he trabajado rodeado de animales ?dijo con una sonrisa.

Poco después el juez se dirigía velozmente hacia donde le esperaban los funcionarios del ministerio público. Se sentaron a leer en silencio las copias fotostáticas. Parecían satisfechos; en especial el doctor Rodríguez Del Orbe, quien mostraba un estado casi de conmoción. De inmediato acordaron una nueva reunión en esa misma residencia al día siguiente a fin de coordinar los aspectos de la operación que debía realizarse.

El juez de instrucción Castillo Pantaleón, quien tenía a su cargo la parte directiva de la investigación, y luego de analizar los aspectos procesales del caso, informó a los otros que ordenaría la detención de los implicados.

Motivó su decisión en tres aspectos: en primer lugar, los acusados habían sido detenidos ya una vez en el año 1975 y puestos en libertad con un subsecuente silencio de los medios de prensa, lo que hacía inferir que se habían puesto en movimiento ciertos poderes o influencias en torno a aquellos. En segundo lugar, Pou Castro había callado, interrogado en instrucción. En tercer lugar, una evidencia tan fuerte como las confesiones, acompañadas de la hipótesis que había elaborado y todos los indicios que había ido recopilando en los últimos dos años eran suficientes para justificar el arresto de todos. Tanto el procurador como el fiscal estuvieron de acuerdo y ofrecieron su inmediata participación y ayuda.

El procurador aconsejó al juez en torno a su seguridad personal. Ordenó para él y su familia protección policial suficiente y dirigió una comunicación a la secretaría de obras públicas a fin de que le construyeran dos pequeños lomos de asfalto, comúnmente conocidos como ìpolicías acostadosî, en los frentes de su vivienda. Incluso le sugirió subir un par de metros la pared exterior, cosa que no llegó a realizar.

El juez de instrucción comparó este tema con la preocupación en tal sentido que ìel veterinarioî le expresara en varios de sus encuentros. Pensó que todo lo que estos hombres sabían era fruto de sus propias vivencias e iba mucho más allá de lo que los libros y la prensa decían.

Entre el fiscal y el procurador decidieron cuántos y cuáles serían los abogados ayudantes de la fiscalía que participarían en la ejecución de las órdenes de instrucción, las detenciones y los allanamientos. Los ayudantes del fiscal seleccionados fueron el magistrado Lino Vásquez, a quien se encomendó el allanamiento en el domicilio de Mariano Durán Cabrera; el magistrado Francisco Rodríguez, quien tenía el encargo de la detención de Alfredo Lluberes Ricart (Lluberito); el magistrado Fermín Casilla, a quien fue asignado el arresto de Luis Emilio de la Rosa y del ex general Isidoro Martínez; y los magistrados Luis Aybar Duvergé y Francisco Suárez, a quienes correspondería el apresamiento del ex general Joaquín Antonio Pou Castro. Estos abogados, sin embargo, no fueron notificados de la identidad de su respectivo objetivo hasta el último momento.

El procurador fijó la fecha del viernes siguiente y dijo que el apoyo militar no lo ordenaría hasta el jueves en la noche, a fin de no levantar sospechas. Convinieron ultimar en la fiscalía la tarde del jueves los detalles del operativo.

El magistrado Castillo Pantaleón, a pesar de tener ya elementos suficientes para encarrilar una instrucción satisfactoria, insistió en comparar sus piezas con aquello que se había dado en llamar ìla página en blancoî y que, a su entender, tenía que ser el informe recibido por el ex presidente Joaquín Balaguer en torno a esa investigación sobre el asesinato que se efectuó durante su gobierno. Por esta razón sostuvo comunicación con todas aquellas personas que en cualquier manera habían aportado algo. Entre ellas, de nuevo ìel veterinarioî y el ingeniero José Israel Cuello.

Con ìel veterinarioî sostuvo un breve encuentro en el que trató de conseguir otros datos sobre lo sucedido con posterioridad a la grabación de las confesiones, pero con respecto a este punto la información en su poder era escasa. Sin embargo ìel veterinarioî aprovechó la visita para confiarle que lo había puesto en sus oraciones, y sacando de su cartera una estampilla del Divino Niño Jesús se la entregó, recomendándole encarecidamente no desprenderse de ella y a la vez cuidarse de esa gente ìmalaî.

Con el comunicador José Israel Cuello, quien había concertado un encuentro con aquel médico que en una ocasión afirmó ser el guardián de los secretos del doctor Balaguer.

La mañana del martes en que el ingeniero Cuello lo esperó junto al médico en su taller de impresión, Castillo Pantaleón le fue presentado a éste como ìel juez de instrucción que tiene el caso Orlandoî y a quien le había sido comentada la conversación que tuvo lugar en el restorán de la zona colonial que resultó ser el Mesón de Bari meses atrás, en la cual el galeno presumía de tener en su posesión confesiones hechas por el ex presidente.

Le extrañó al magistrado que el médico, correctamente vestido y con una apariencia de extrema pulcritud, llevara zapatos de tipo militar. El ingeniero le señaló al médico:
óEste juez dice que tiene el caso casi concluido.

Entonces Castillo Pantaleón tomó la palabra. Le expresó que ciertamente el caso estaba concluido y que los actores iban a ser detenidos próximamente. Que sin embargo quería brindarle la oportunidad de colaborar con la justicia, recordándole que todo aquel que sabe quiénes son los responsables de un crimen y no lo informa, en cierta forma se convierte en cómplice.

Fue una gran decepción. El profesional, en evidente sorpresa y luego de algunas palabras proferidas incoherentemente, se limitó a retractarse de sus afirmaciones anteriores señalando que lo dicho había sido sólo en ánimo de impresionar. Remató sus palabras con la frase de ìesas son vainas que dicen los borrachosî.

Se hizo un silencio muy largo e incómodo. El juez le advirtió que en la mañana siguiente iban a ser apresadas las personas involucradas; que si esas personas no eran encontradas iba a presumir que él las había alertado y que, en tal caso, ordenaría su detención.

La rabia de haber perdido su tiempo hizo que Castillo Pantaleón mascullara impensadamente, a manera de despedida, el calificativo de ì¡imbécil!î.

Mientras tanto, los datos de la Junta y del Inposdom se habían logrado. Con un mapa de la ciudad y las explicaciones recibidas de Aybar Ferrando el juez dedicó el miércoles a elaborar unos pequeños croquis de ubicación de algunas de esas direcciones. Dictó al secretario, quien se dispuso a mecanografiar las órdenes de prisión de quienes se consideraban los principales responsables del crimen y autores materiales.

Cada una de las órdenes de prisión fue guardada por el juez en un sobre marcado con una letra distinta en su parte exterior.
El jueves siguiente en la tarde, tal y como se había planeado, se reunieron nuevamente los tres funcionarios. Sin embargo, no en la fiscalía, sino en la casa del procurador, desde donde Castillo Pantaleón recibió una llamada que le advertía del cambio de lugar. Cuando este llegó ya se encontraban allí, no sólo los altos representantes del ministerio público, sino también todos los ayudantes del fiscal escogidos.

El procurador tomó la palabra. Les anunció a los ayudantes que ellos iban a ser actores de un momento histórico. Que por primera vez iba a ser puesta en funcionamiento la institución de la ìpolicía judicialî prevista en las leyes del país. De pie y mientras señalaba admonitoriamente con el dedo índice, les explicó:
óSe hará un operativo mañana en el cual estarán acompañados por la policía, pero en ese operativo es la policía la que los va a acompañar a ustedes. Ustedes, como la máxima autoridad, van a dirigir a los agentes. Lo primero que van a hacer, antes de las seis de la mañana, es establecer en el lugar de la operación un círculo perimetral externo, es decir, asegurar el objetivo para que no se les escape por una ventana o una puerta trasera de la vivienda que ustedes van a allanar. No pueden hacer un escándalo ni alertar a los vecinos, tienen que mantener un perfil de discreción. Cuando den las seis de la mañana en punto preséntense en la puerta frontal, toquen y ejecuten la orden de prisión que el magistrado aquí va a disponer.

Mientras escuchaban atentamente los ayudantes del fiscal extrañados se miraban entre sí y observaban estupefactos al procurador ceremonioso y agitado a la vez. Uno de ellos se atrevió a inquirir sobre el tipo de operativo al que hacía referencia. Quería saber si se trataba de droga, juegos ilícitos o qué otra cosa y contra quién iba a ser ejecutado.

El procurador le respondió que eso le sería informado al día siguiente. Se les entregaría un sobre cerrado conteniendo el nombre de la persona que debía ser apresada. Añadió:
óEl magistrado juez de instrucción les va a decir a ustedes cuáles son esas direcciones. Por hoy quítense esos sacos y las corbatas porque ustedes no pueden aparentar que son abogados. Vayan y familiarícense con la zona y con la vivienda que ustedes va a allanar. No pueden decirle a nadie lo que se va a hacer.

Dirigiéndose a Castillo Pantaleón el procurador solicitó las direcciones de los implicados. El juez le entregó cuatro trozos de papel marcados con las letras A, B, C y D, con direcciones anotadas y croquis hechos a mano de las calles aledañas. Tomándolas en sus manos inquirió al fiscal quiénes eran los ayudantes asignados a cada contraseña. Los llamó de uno en uno conminándoles a que partieran de inmediato a ubicar su respectivo objetivo.

Uno de los ayudantes no tenía vehículo y el propio juez de instrucción se ofreció a llevarlo. Ambos salieron luego de fijar con los demás, la hora y el lugar de encuentro la madrugada siguiente: cuatro antes meridiano en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En el trayecto el ayudante del fiscal Lino Vásquez, ceremonioso y correcto, conversaba incesantemente con el juez de instrucción. Le parecía ideal que por fin trabajaran juntos los jueces y los fiscales en la persecución del crimen. Estaba impresionado con todo lo que estaba sucediendo y con la discreción con que estaban manejando la investigación. Quería saber imperiosamente de qué se trataba, pero el juez no soltaba prenda. Inquieto, llegó a decirle:
óEn estas condiciones y con esta colaboración es posible atrapar a los criminales aunque sea dos y tres años después de cometido un crimen; ésta es la forma de acabar con la impunidad.
óSí ?le respondió el juez un poco divertido?, y hay crímenes cuyos responsables pueden ser apresados hasta veintidós años después.

Cerca de la medianoche del jueves un vehículo tipo minibús de color oscuro y con los vidrios tintados se detuvo frente a la casa del procurador. De él se desmontó una figura vestida con saco y corbata y tocó el timbre con insistencia. Uno de los policías de seguridad de la casa le llamó la atención diciéndole:
ó¡Mire, deje de tocar ese timbre! A esta hora todo el mundo está durmiendo.
ó¿El doctor Abelito está durmiendo? ?preguntó a su vez el desconocido.
óClaro, ¿éstas son horas de visitar a la gente?
Sin responder y al parecer un poco avergonzado, el individuo regresó al vehículo.
Al verlo caminar en dirección opuesta a la casa, otro de los militares de seguridad del doctor Rodríguez del Orbe le preguntó al primero:
ó¿Tú no sabes quién era ese hombre?
óNo, ¿y tú? ?le respondió.
óNos jodimos, ese es el presidente...
XIV
Esa noche se durmió poco y mal. Antes de las cuatro de la madrugada ya sonaba el teléfono en la casa del juez. Este iba de camino hacia el palacio de justicia acompañado de un termo de café.
En la puerta se veían dos camiones repletos de tropas policiales de fuerzas especiales. La mayoría mal encarados y uniformados de negro. Armados de metralletas, algunos se aplicaban maquillaje verdinegro de camuflaje.

Al entrar a una de las oficinas de la fiscalía, el procurador y el fiscal se encontraban junto al general Bienvenido Manzueta y Manzueta en espera del juez. Un verdadero veterano de la policía que años antes se había encargado de ejecutar la orden de prisión dictada por una jueza de instrucción contra el ex presidente Jorge Blanco por acusaciones de corrupción. Al mismo tiempo que sonreía, Manzueta fijaba su mirada penetrantemente en su interlocutor, lo que unido a su locuacidad lograba distraer la atención sobre su corta estatura.

De inmediato el procurador, con la misma actitud ceremoniosa del día anterior, se dirigió al alto oficial:
óGeneral, se ha requerido la presencia de ustedes para que asistan y protejan a estos ayudantes del fiscal que están ejecutando unas órdenes de prisión del magistrado juez de instrucción. ¿Usted conocía al juez de instrucción Castillo Pantaleón?
óNo, señor ?le replicó, dirigiendo su mirada curiosa en su dirección y saludándole.
óGeneral ?continuó el procurador?, ustedes están acompañando a la autoridad, de manera que son los ayudantes del fiscal los que dirigen el objetivo. Ustedes estarán ahí para garantizar su protección. ?Y volviendo su mirada hacia el fiscal, añadió:
óGuillermo, ¿quién es el ayudante que va al objetivo A?
óLuis Aybar y Francisco Suárez. ?le respondió el fiscal.
óAh, que esperen ahí, entonces, ¿y el objetivo B?
óFrancisco Rodríguez.
Dirigiéndose al general Manzueta el doctor Rodríguez del Orbe ordenó que éste ayudante fuera acompañado de un teniente y cuatro o cinco hombres. El oficial llamó a uno de sus oficiales, quien de inmediato reunió su unidad mientras el juez de instrucción entregaba el sobre cerrado al magistrado Rodríguez.

En esa forma siguió el procurador asignando hombres y sobres a los abogados ayudantes hasta concluir con el objetivo D. Hizo luego un aparte con el general Manzueta a quien dijo que debía acompañar personalmente a los dos ayudantes que tenían a su cargo el objetivo A.
óQuiero que sea usted personalmente porque se trata de un general retirado. Es seguro que hay armas y es posible que haya problemas. Inmediatamente realicen esta detención tiene que regresar porque usted tiene que hacer otro arresto.
Manzueta enarcó las cejas sorprendido. Se tomó la barbilla con la mano izquierda y mirando al procurador le dijo:
óMagistrado, en ese caso me sería muy útil saber a quién estamos deteniendo.
A lo que el magistrado anunció:
óAl general Pou Castro.
El alto oficial guardó silencio. Sabía de quién se trataba y de su reputación. Sabía que había sido ascendido al rango de general durante el último de los períodos de gobierno del partido Revolucionario (PRD) y que contaba con lazos amistosos en notables y diferentes círculos políticos locales.

Todos partieron casi simultáneamente luego de escuchar las advertencias del fiscal en el sentido de que debían mantener sus teléfonos móviles encendidos para informar de cualquier novedad.
Sólo con la compañía de un policía ubicado fuera del edificio, quedaron a solas en el despacho de la fiscalía Guillermo Moreno, Abel Rodríguez Del Orbe y Juan Miguel Castillo Pantaleón. Allí se les unió, media hora más tarde, el secretario del juzgado de instrucción Joaquín Zapata. La expectación y la ansiedad se apoderaban de los interminables silencios que en aquel departamento se produjeron. Ninguno fumaba. El café, olvidado en el termo, se enfrió.
Aprovechando los largos silencios, el juez le soltó al procurador una pregunta que desde días atrás rondaba en sus pensamientos:
óMagistrado, ¿y qué dice el presidente de todo esto?
Rodríguez Del Orbe, transformando su expresión en lo que al juez le pareció picardía, replicó:
óYo no se lo he dicho...

Sin tiempo para que los presentes se repusieran de la sorpresa, a las seis y media de la mañana llamó por teléfono el magistrado Luis Aybar. Estaba detenido Pou Castro y ya se encontraban de camino. No tardaron en llegar. Irrumpieron aparatosamente en el despacho Manzueta, los dos ayudantes y varios agentes y oficiales que custodiaban a Pou.

Los ayudantes y los agentes narraron que al llegar a la vivienda del ex general, Manzueta encendió en silencio las luces de centella de su vehículo patrullero. Unos segundos después Pou Castro abrió la puerta con un fusil automático de asalto en las manos preguntando qué pasaba.
óBuenos días, general, es su amigo Manzuetica ?y ambos se saludaron.
Pasándole el brazo por el hombro le pidió el arma. Se negó. Empleando a fondo sus dotes de convencimiento Manzueta logró que saliera y le dijo:
óVenga, que le voy a presentar a unos fiscales.
Pou, que conocía de vista a Luis Aybar, saludó sin soltar su arma. Mientras tanto los demás agentes reunían los familiares y ocupaban el resto de las armas que había en la casa. De nuevo tuvo que echar mano de sus convincentes maneras para guiarlo hasta los vehículos estacionados. Ante su negativa de ocupar la patrulla fue necesario hacerle espacio en el automóvil de Luis Aybar. Una vez allí, Manzueta pudo asir finalmente el fusil.
ó¿De qué se trata todo esto, Manzueta? ?inquirió airado, a lo que los ayudantes del fiscal, como única respuesta, le presentaron la orden de prisión.
La estrujó en sus manos, manifiestamente disgustado, y en un fuerte y grave tono de voz exclamó:
ó¡Coño, Manzuetica, me jodiste. Si yo sé que es para esta mierda me hubieras tenido que matar!
Joaquín Antonio Pou Castro resultó tener en su rostro la incongruencia de unos ojos profundamente azules y, a la vez, una mirada que reflejaba un ánimo enteramente fiero y que sus gafas no eran capaces de ocultar. Canoso y corpulento, con un porte indiscutiblemente militar, sobre sus pantalones kaki vestía una chacabana de color claro. En sus casi inexistentes labios había un rictus afín a la crueldad.
Al ser presentado ante las autoridades judiciales que lo esperaban, miró indignado y colérico al procurador y le espetó:
ó¡Abelito, y qué desconsideración es ésta que tú me estás haciendo! ¿De qué se me acusa? ¡No había necesidad de traerme con este aparataje!
óPou ?le respondió el procurador?, tú estás preso por haber matado a Orlando Martínez.
Arrodillándose en el suelo, a Pou Castro se le saltaron las lágrimas mientras hacía cruces con sus dedos que besaba, al tiempo que gritaba:
ó¡Te juro por mi mamasita que yo no disparé contra ese hombre!
Luego de un sorprendido silencio que siguió a la impresión colectiva, el procurador se inclinó y levantándolo por una mano le dijo:
óNo, no, Pou, levántate, que yo sé que no fuiste tú. Fue Mariano Durán el que disparó. Lo sabemos todo.
Pou se levantó perplejo y luego de una breve pausa, en un tono más lúgubre sentenció:
óYo supongo que el general Pérez y Pérez está preso, porque nada más cogen a los chiquitos...

El juez de instrucción, mirando su reloj ordenó entonces al secretario tomar nota de la hora y de lo que acababa de decir el detenido, a fin de levantar acta. El fiscal le ordenó a sus ayudantes que condujeran al detenido a la cuarta planta donde se había habilitado una celda.

Casi de inmediato se recibió la llamada del magistrado Francisco Rodríguez, que informó que en la dirección indicada ya no vivía Rafael Alfredo Lluberes Ricart. Que había logrado ubicar su actual dirección pero que, al dirigirse allí, encontró que el mismo acababa de partir hacia su lugar de trabajo. Que tomó la decisión de arrestarlo en la planta de tratamiento de agua donde laboraba. Confirmó el éxito de la detención en una segunda llamada que produjo minutos después.

En eso también se recibió la comunicación con el magistrado Lino Vásquez, quien había allanado la residencia de Mariano Durán. Informó que éste había partido en dirección hacia San Juan de la Maguana al tener noticias del fallecimiento de la madre de sus hijos en ese pueblo. El juez de instrucción le preguntó quién se encontraba en la vivienda, contestándole que su actual esposa. Decidieron que debían pedir a esta señora que se presentara en el palacio de justicia a ser interrogada, con la finalidad de precisar el paradero de su esposo.

Una situación similar se produjo en torno a Luis Emilio De La Rosa Veras, quien había logrado escapar, al parecer, luego de ser alertado por alguno de los vecinos sobre el extraño operativo policial que se estaba desarrollando en su calle. Su esposa también fue conducida para recabar los datos imprescindibles para su ubicación.

Sin dilación el procurador le ordenó al general Manzueta acompañar al magistrado Fermín Casilla a llevar a cabo el apresamiento del ex general José Isidoro Martínez González. Procedieron de inmediato a cumplir la orden. Al poco rato telefonearon desde la residencia del ex general para señalar que éste se encontraba enfermo. Se les instruyó que condujeran la orden de detención con todas las consideraciones necesarias de acuerdo a su estado. Así lo hicieron.

Minutos después el procurador le pidió al juez de instrucción y al fiscal que le acompañasen a otro de los despachos de la primera planta del edificio que alojaba la fiscalía. Allí encontraron tres de los periodistas más conocidos en el medio nacional: Huchi Lora, gran amigo del desaparecido comunicador y combativo denunciante del estado de impunidad que vivía la nación con la situación judicial del caso, Bonaparte Gautreaux Pineyro, columnista del periódico El Nacional quien había dado la noticia de la detención de los supuestos asesinos en el año de 1975 y Rafael Molina Morillo, para esa época director y propietario del mismo periódico.

En presencia de los funcionarios judiciales el procurador les informó que habían sido detenidos los presuntos responsables del asesinato del periodista Orlando Martínez por orden del juez de instrucción que investigaba el caso. Los tres miraron a Castillo Pantaleón en silencio y con la incredulidad reflejada en sus caras. Lora le preguntó su nombre.

Los magistrados habían acordado emitir un informe conjunto a la prensa, breve y preciso, con la finalidad de evitar en lo posible especulaciones y desinformaciones. El escueto texto rezaba:

Desde hace 22 años, la Justicia Dominicana tiene abierto el expediente sobre la investigación del asesinato del periodista ORLANDO MARTÍNEZ HOWLEY, ocurrido la noche del 17 de marzo de 1975. En el año 1995 el Procurador Fiscal del Distrito Nacional reiteró, mediante Requerimiento, la continuación de las investigaciones de los hechos y circunstancias que lo rodearon. Esta actuación, junto a otras que le precedieron, evitaron la prescripción jurídica del crimen.

En el día de hoy han sido detenidas, mediante orden de prisión dictada por el Juez de Instrucción apoderado de la investigación, LIC. JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEÓN, varias personas sobre las cuales, las indagatorias realizadas por el juez finalmente han arrojado fundamentadas sospechas de culpabilidad en la perpetración material del hecho. Entre los arrestados se encuentra el General retirado JOAQUÍN ANTONIO POU CASTRO y el nombrado RAFAEL ALFREDO LLUBERES RICART (a) FREDDY, entre otros.

El Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional ha mantenido al tanto de las pesquisas que ha venido efectuando a las más altas autoridades del Ministerio Público: el DR. ABEL RODRÍGUEZ DEL ORBE, Procurador General de la República y el DR. GUILLERMO MORENO, Procurador Fiscal del Distrito Nacional. En el marco de operativos coordinados entre estas autoridades, que conforman parte de lo que se denomina la ìPolicía Judicialî, y gracias a los recursos técnicos y materiales aportados por el Ministerio Público, se produce la detención de los supuestos implicados.

Las autoridades judiciales continúan efectuando acciones y pesquisas necesarias para el total esclarecimiento del caso, pero los detalles de estas investigaciones no pueden ser divulgados por el momento, a fin de proteger el secreto de la sumaria y no entorpecer indagaciones futuras.

La noticia se regó como pólvora. Antes de transcurrida una hora los periodistas colmaron los pasillos del palacio de justicia en busca de novedades adicionales. En medio de esta conmoción el presidente Leonel Fernández visitó sorpresivamente la residencia del ex presidente Joaquín Balaguer y, al no revelarse lo tratado, los medios se explayaron en toda clase de conjeturas e interpretaciones políticas, la mayoría en conexión con lo que sucedía en los predios judiciales.

Entre tanto, el ex general Isidoro Martínez fue conducido ante el juez de instrucción. Este trataba de guardar el anonimato de los detenidos cuyos nombres nunca habían salido a la luz pública. Por ello y como ya la entrada, los pasillos y las escaleras del palacio de justicia estaban cubiertos de reporteros, consideró necesario que el ex general fuera sacado por la puerta trasera al ser conducido hasta la celda del cuarto piso, mientras él salía a distraerlos. La estratagema resultó exitosa.

El juez Castillo Pantaleón se encaminó luego hacia la cuarta planta a confirmar los informes recibidos sobre el estado de salud del ex general Isidoro Martínez, de quien le afirmaron tenía en los círculos militares el apodo de ìla cajaî debido a su apariencia cuadrada. Muy temido y respetado durante su gestión como jefe de la unidad de inteligencia A-2 de la fuerza aérea, fue el más cercano e inseparable colaborador del general Salvador Lluberes Montás. Una vez allí vio un hombre mayor bastante pálido, sufriendo de un evidente mal de Parkinson, que requería del sostén físico de sus familiares. Le revelaron que estaba enfermo de cáncer de próstata y de diabetes.

A simple vista notó que, no obstante lucir disminuido por sus quebrantos, los males que padecía no impedirían interrogarlo, lo que procedió a realizar al instante. Enérgicamente el ex general negó tener conocimiento de todo cuanto se refería al caso sobre el cual se le cuestionaba.

Al verlo salir de la celda, uno de sus hijos inquirió al magistrado sobre la acusación. Era un joven, militar a su vez, a quien resultaba incomprensible que su padre hubiese sido apresado. Cuando el juez le explicó, demandó conocer el año del hecho y abriendo los ojos hacia su madre dijo pensativamente:
ó¿En el 75?... Es que el viejo... En esa época... ?y ambos se miraron largamente en silencio.
Al determinar que debía continuar bajo arresto, el juez informó a los familiares presentes que le serían otorgadas todas las facilidades médicas que fueran necesarias para garantizar su integridad física y su derecho a la salud. Se autorizó a la espantada esposa a permanecer toda la noche en su compañía.

Concomitantemente, la situación en torno a otro de los detenidos se tornaba confusa. La cónyuge de Mariano Durán sólo tenía ocho años de conocerlo y afirmaba que desconocía todo lo relativo a la vida anterior de este hombre, a quien describía como un hombre muy bueno, que nunca había sido militar y que trabajaba desde mucho tiempo en restaurantes de comida china.

Esa tarde se presentó al palacio de justicia el señor Mariano Durán en búsqueda de su compañera, al enterarse por los vecinos dónde se encontraba ésta. Lo recibieron el juez y el fiscal. Mariano Durán dijo, al responder a las primeras interrogantes de los funcionarios judiciales, que se cometía un error con su persona. Sin embargo, al ser inquirido sobre sus generales, el juez y el fiscal observaron que este señor poseía el nombre, los apellidos, la descripción física, la fecha y el lugar de nacimiento y hasta rasgos similares en la rústica manera de firmar del Mariano Durán cuyos interrogatorios firmados del año 1975 había recibido Castillo Pantaleón de manos de ìel veterinarioî.

Así mismo, sin poder explicar la concordancia entre tales circunstancias y al ser cuestionado sobre personas que le conocieran de esos años y que pudieran dar referencias suyas señaló, en forma tranquila, que no sabría. Decidieron informarle que permanecería en arresto. A ello respondió:
óEso no es posible.
ó¿Por qué? ?le preguntaron.
óPorque yo no he cenado.
Guillermo Moreno hizo un aparte con Castillo Pantaleón y en voz muy baja le manifestó:
óEse es el hombre. ¡Cuánta sangre fría!

Sin embargo, todos se sentían preocupados con este apresamiento extremadamente intrigante. El detenido no se cansaba de asegurar que se estaba cometiendo un error con su persona. El juez de instrucción buscó entonces la cámara fotográfica con la que se había estado fotografiando las armas que le fueron ocupadas en los allanamientos a los capturados y enfocando sorpresivamente a Mariano Durán le gritó:

La mañana siguiente el juez visitó nuevamente al ex general Isidoro Martínez, en principio para inquirir por su salud y, para su sorpresa, encontró un positivo cambio de actitud en el detenido. Martínez le avisó que declararía todo lo que sabía en relación con el caso siempre que se le permitiera tratarse en un centro de salud privado. El juez rápidamente accedió, llamando en el acto al secretario.

La confesión no se hizo esperar. El ex general hablaba más rápido de lo que el secretario era capaz de mecanografiar. En medio de ello el magistrado Castillo Pantaleón le formuló un comentario casi por azar:

óEs evidente que usted está enfermo y yo no quisiera pensar que alguien posteriormente diga que yo lo he obligado a declarar o que usted declaró sin estar plenamente consciente de lo que hacía. ¿Usted me permite grabar en un vídeo el momento en que usted firme su interrogatorio?
óNo hay problema ?respondió.

Con la satisfacción de ver tan rápido la confirmación de los interrogatorios que había recibido del ìveterinarioî, el juez Castillo Pantaleón se excusó un momento y, dejando que el secretario continuara con su labor, corrió raudo escaleras abajo hasta el despacho de Moreno. Le comunicó el caudal de informaciones que surgía atropelladamente de los labios del ex general y ambos, juez y fiscal, en un gesto infantil de emoción se abrazaron brincando al unísono, inconscientes de que eran observados con perplejidad por el magistrado Luis Aybar. Recobrando la compostura al recordar sus respectivas investiduras, el juez de instrucción le requirió una cámara de vídeo y su presencia, para filmar el momento en que el acusado estampara su firma en el documento que se preparaba.

El magistrado Aybar, antiguo compañero de estudios del juez, asumió una actitud de colaboración absoluta desde que se iniciaron los procesos; ofreció solícitamente obtener una videograbadora prestada. Pasó a recogerla cuando salía a revelar el rollo fotográfico que contenía las fotografías de los objetos incautados y del rostro de Mariano Durán. Regresó poco después con el aparato, procediendo a subir hasta la celda donde Martínez ya estaba terminando su confesión.

Fue filmado por el mismo Aybar, con el fiscal Moreno como testigo, el momento en que frente al juez Castillo Pantaleón y el secretario Joaquín Zapata, el ex general asentía al ser cuestionado en el sentido de si sus declaraciones eran libres y voluntarias. El filme recogió también el momento en que estampaba su rúbrica en los legajos. El fiscal, su ayudante y el juez de instrucción conservaron copias de él.

Un día mas tarde el juez de instrucción telefoneó al ìveterinarioî solicitándole una entrevista urgente. Le esperó en el consabido estacionamiento del supermercado con sus lentes oscuros y la gorra negra calada hasta las orejas. Al llegar le mostró las fotografías del Mariano Durán que habían detenido.

ó¿Es este Mariano Durán, el que disparó contra Orlando? ?le preguntó a quemarropa.
óSe parece, pero hace demasiado tiempo. No estoy seguro ?fue la desoladora respuesta.
Castillo Pantaleón durmió intranquilo esa noche. Resolvió tratar el tema de este detenido con el procurador general tan pronto amaneciera y lo hizo tal y como se lo propuso. Igualmente le trató la petición del ex general Martínez, de que se le autorizara el ingreso a una clínica privada. El procurador consintió a fin de resguardarle la vida, comprometiéndose a cubrir los gastos con fondos de su despacho.

El doctor Rodríguez del Orbe diligentemente se trasladó con él hasta la oficina del secretario de la fuerzas armadas donde solicitaron copias de las fichas de todos los ex militares detenidos e incluso de aquellos relacionados al caso que ya habían fallecido. En el caso de Mariano Durán requirieron el original para fines de comparación dactiloscópica.

El juez de instrucción ordenó entonces un estudio de huellas dactilares a fin de confirmar o desechar la verdadera identidad del hombre y su relación con el resto de los acusados. Ese trabajo fue realizado por el laboratorio de criminalística de la policía. En él finalmente se comprobaron las vehementes afirmaciones del detenido. Se trató de una grande y grave coincidencia.
Al serle notificado a este Mariano Durán que quedaba en libertad, el juez de instrucción, pidiéndole excusas en nombre de la justicia, le dijo:
óUsted tenía razón, usted no es usted...
óYo se lo decía... ?atinó a decir el camarero, en el mismo tono inexpresivo, antes de marcharse.
Superada esta confusión el magistrado visitó, previo a su interrogatorio, a Rafael Alfredo Lluberes Ricart, quien había sido enviado directamente a una celda del palacio de la policía debido al poco espacio con que contaban en el área judicial. Se acompañó de ambas autoridades del ministerio público. Lo encontraron durmiendo.

El procurador lo despertó. En seguida el detenido se puso de pie y empezó a quejarse sobre las condiciones del lugar donde estaba. Observándolo en la forma en que lo hacía habitualmente, el juez vio un hombre blanco curtido por el sol, de estatura y complexión medianas y bajo sus ojos verdes un incipiente bigote. Había escuchado que era un fanático anticomunista con delirios militares y esa condición se reflejaba en la apariencia de la persona que tenía frente a sí.

Lluberito, como lo llamó el procurador, despotricó airadamente contra la injusticia de que se sentía objeto. Juró no haber visto nunca a Orlando y aseguró que la acusación era sólo una calumnia de los comunistas. Rodríguez Del Orbe le advirtió que reservara todo lo que tuviera que decir para el momento en que el juez de instrucción creyera oportuno interrogarlo. Dio media vuelta junto al doctor Moreno en señal de partida. Castillo Pantaleón se le acercó.

óYo tengo algo que tú firmaste en 1975... ?y sin esperar su reacción salió detrás de los otros funcionarios.
En los días posteriores se estableció una vigilancia cercana a la esposa de Luis Emilio de la Rosa, otro de los sospechosos buscado intensamente por los agentes policiales. Esta regresó a su hogar luego de la entrevista con las autoridades judiciales, quienes le advirtieron sobre los peligros que corría su esposo prófugo. Le indicaron que el mismo constituía una pieza importante en el esclarecimiento del asesinato ya que en él había jugado un papel meramente presencial y los verdaderos autores podrían tratar, a toda costa, de silenciarlo.

La señora, en su desasosiego, recurrió a una amiga y vecina a confiarle que Luis Emilio se había ocultado, solicitándole el favor de permitirle hacer y recibir llamadas telefónicas de éste en su casa. La vecina, quien estaba casada con Alejandro Moscoso, un abogado ayudante del fiscal, comentó este hecho con su cónyuge, sin saber de qué se trataba pero en ánimo de ayudar. Ambos conversaron con ella y la presentaron de nuevo ante el juez de instrucción. Entre todos le confesaron la preocupación que sentían por la suerte de Luis Emilio.

Al parecer la esposa logró transmitirle toda esta inquietud. Luis Emilio De La Rosa se entregó a la fiscalía la noche de un martes, pidiendo dar sus declaraciones de inmediato y consintiendo la presencia de la prensa en el despacho del fiscal. Resultó ser un mestizo grueso con una evidente cicatriz en su cara. De trato desconfiado, miraba sin embargo de frente y directamente a los ojos.

Allí, frente a las cámaras de televisión llevadas por el comunicador Huchi Lora, confesó voluntariamente y en detalle, previo a ser remitido ante el juez de instrucción, el breve papel que desempeñó al acompañar a los demás en el operativo ordenado contra Orlando Martínez. Sus declaraciones fueron transmitidas por la televisión al día siguiente y posteriormente en más de una ocasión.

Inmediatamente después fue conducido ante el juez Castillo Pantaleón y su secretario, quienes llevaron a cabo el interrogatorio oficial que se prolongó hasta la madrugada y que anexaron al expediente. Luego de su monólogo, su apariencia era casi de alivio.

Juzgó entonces el magistrado instructor que era el momento de hablar con Lluberes Ricart. Aunque siguiendo las recomendaciones que le hiciera el procurador en ese sentido había dejado correr algunos días antes de recabar sus declaraciones formales, entendía no podía ya dejar pasar más tiempo.

Solicitó su traslado hacia el palacio de justicia y en su despacho, que aún se encontraba en la etapa más incómoda del proceso de reconstrucción, Freddy confesó. Inclusive sin serle presentada la investigación de 1975 expresó:
óA mí me interrogaron cuando ocurrieron los hechos y me hicieron preguntas y yo di respuestas. Si usted quiere puede hacerme el mismo interrogatorio que yo lo firmo...

El día en que el ex general Isidoro Martínez empezó su fulminante confesión fue sábado 15 de marzo. Sus declaraciones presentaron concordancia con las que había dado Pou Castro en el año 1975 en el sentido de que el atentado a Orlando Martínez se trató de un ìservicio por órdenes de la jefaturaî. Señaló que ìPou acostumbraba a hacer esta clase de servicios ordenados por el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana, cuyo comandante era Salvador Lluberes Montás, General F.A.D.î Agregó que ìno sé si los altos mandos, como los generales Pérez y Pérez y Emilio Jiménez, tenían conocimiento de estoî. También confirmó que Mariano Durán estaba asignado al departamento de inteligencia de la secretaría de las fuerzas armadas J-2.

El juez de instrucción, analizando tales declaraciones a la luz de los resultados del año 1975, comprendió que la investigación debía dirigirse hacia los superiores inmediatos de Isidoro Martínez y de Mariano Durán cuya detención precisaba: el ex general Salvador Lluberes Montás, a la sazón jefe de estado mayor de la fuerza aérea y el ex coronel Ramón Abreu Rodríguez, quien se desempeñaba como comandante del J-2.

Cuando le fue remitida para su ejecución la primera de las órdenes de conducencia y prisión, dictada el día 17 de marzo contra el ex general Lluberes Montás, el procurador general tomó la determinación de que no se procedería al cumplimiento de la misma hasta pasado el feriado católico de semana santa. Castillo Pantaleón se sorprendió pues sabía que el procurador había tenido una larga y activa militancia en los movimientos de izquierda comunista y le dijo:
óMagistrado, pero yo no sabía que usted era un hombre religioso...
óYo no soy religioso, pero hay que creer en algo y meter gente presa en semana santa no está bien ?fue su respuesta.
Aunque el juzgado de instrucción de la cuarta circunscripción continuó laborando durante esos días de asueto legal, el ministerio público y la policía no ejecutaron las últimas detenciones hasta el 31 de marzo, fecha en que fue ordenado el arresto de ex coronel Abreu Rodríguez.

Ese lunes muy temprano el doctor Abel Rodríguez del Orbe, previo concertación telefónica, partió en su vehículo en compañía de uno de sus ayudantes, el doctor Luis Rodrigo Suazo y el juez Castillo Pantaleón en dirección a la policía. Una vez allí fueron recibidos por el coronel Bernardo Santiago y Santiago, jefe del servicio secreto, quien los escoltó hasta una pequeña sala ubicada frente al despacho de la máxima autoridad. Cinco minutos más tarde se entrevistaban con el contralmirante de la marina de guerra Camilo Antonio Nazir Tejada quien fungía como jefe.

El coronel Santiago y Santiago era llamado en secreto ìel mago del suspenseî por las autoridades judiciales porque cuando hablaba lo hacía con un tono de voz gutural y una expresión maliciosa bajo sus pobladas cejas, las cuales fruncía y enarcaba hipnóticamente. Lo que más les divertía era el llamativo y peculiar movimiento de sus pequeñas orejas al hablar, que oscilaban rítmicamente casi con vida independiente. Por el contrario, Nazir tenía todas las características de un elegante político; de hablar pausado y finos ademanes, parecía cualquier cosa menos un militar.

Luego de los cálidos saludos de rigor, el procurador hizo la introducción que ya constituía algo habitual por esos días:
óGeneral, ¿usted conocía al juez Castillo Pantaleón?
El militar con una mirada pícara respondió:
óLo he visto mucho en la prensa en estos días...
óMuy bien, entonces usted debe saber que el propósito de nuestra visita es requerir la colaboración de la institución para ejecutar unas órdenes de este juez.
El juez de instrucción intervino explicándole que debían ser detenidos dos ex militares de alta jerarquía, uno de ellos el ex general Lluberes Montás, en la provincia de La Romana, y el otro de la marina de guerra. Nazir reaccionó sorprendido e inquirió:
ó¿Milo? ?refiriéndose al ex secretario de las fuerzas armadas Ramón Emilio Jiménez hijo.
óNo ?le contestó Castillo Pantaleón?, el ex coronel Ramón Abreu Rodríguez, que fue jefe del J-2.
Entornando los ojos y dirigiendo la cabeza hacia arriba Nazir exclamó:
ó¡Ay!, no me diga... ese hombre fue mi profesor en la academia... ¿y alguien más?
óNo, por el momento ?dijo el juez.
ó¡Qué bueno! ?y luego de un breve silencio concluyó:
óOjalá se pare eso ahí.

Acto seguido empezó a coordinarse el nuevo operativo, que se ejecutó casi de inmediato y sin complicaciones. En representación del procurador se dirigió a La Romana el doctor Luis Rodrigo Suazo en compañía del general Manzueta. En ese arresto fueron acompañados por el fiscal de la localidad, Teodoro Ursino Reyes y los tenientes coroneles Olivo y Ramírez. En Santo Domingo fue detenido el ex coronel Abreu Rodríguez.

A partir de entonces el juez de instrucción se dedicó diez, doce y hasta catorce horas diarias, incluyendo días de fiesta, a sustanciar el expediente relativo al asesinato de Orlando. Durante el desarrollo de esta labor fue acosado intensamente por la prensa, la que trataba de evitar siempre que podía.

Interrogó nuevamente a Félix Manuel Vargas Taveras, alias Papirucho, a quien confrontó con los nuevos elementos. Este concluyó una nerviosa y confusa exposición diciendo ìsi hubiese tenido conocimiento de que mis declaraciones iban a servir para un chantaje, no lo hubiese hechoî. Solicitó y obtuvo los expedientes de servicio militar de los implicados y realizó nuevos interrogatorios a informantes de mayor y menor importancia.

Ordenó realizar peritajes grafológicos a fin de confirmar el origen de las firmas en las copias de la investigación que ìel veterinarioî le había entregado, recabando para ello la colaboración del laboratorio policial. El peritaje reveló categóricamente que cada firma estampada en los interrogatorios del año 1975 correspondía a los sospechosos detenidos en la operación.
Recuperó el informe de los propios labios del médico que certificó la muerte del periodista la noche del 17 de marzo de 1975.

El doctor Wilson Méndez Rodríguez, ya retirado, le informó que no sólo había preparado el acta de defunción en donde había descrito las heridas aún sangrantes, sino que con posterioridad presenció la necropsia del cadáver que practicaron otros galenos. La misma necropsia cuya acta había desaparecido del expediente. El juez le pidió entonces explicarle con detalle y en un croquis impreso la ubicación exacta de los orificios de entrada y de salida de los proyectiles, la trayectoria y la localización anatómica de las heridas, lo que hizo a satisfacción. Consultó además al médico legista que desempeñaba labores en el palacio de justicia sobre las heridas observadas en las fotografías y sus apreciaciones al respecto.

Indagó el paradero del verdadero Mariano Durán, aquel que fue señalado como la persona que disparó el tiro mortal. A través de un empleado de su misma esposa que residía en el barrio militar de San Isidro, el juez obtuvo indicaciones sobre familiares militares activos que Durán aún poseía y sobre su paradero. Desde hacía muchos años había emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica, estableciéndose en el barrio del Bronx de la ciudad de Nueva York. Lo informó a las autoridades del ministerio público, requiriéndoles oficialmente, mediante una orden de detención remitida a la procuraduría general, la solicitud de extradición. Esto no se produjo en ninguno de los años subsiguientes.

En medio de todo llevaba a cabo los reiterados interrogatorios de los detenidos. Pou Castro, Freddy Lluberes, Luis Emilio de la Rosa, Ramón Abreu, Isidoro Martínez y Chinino Lluberes Montás. Los dos primeros, luego de agotadoras sesiones de preguntas terminaron por confesar su activa participación. Uno de ellos, Freddy Lluberes, le narró al magistrado que, durante una comparecencia suya en el programa de televisión sabatino de Nuria Piera de meses anteriores, al escuchar las hipótesis de perpetración material que esbozaba frente a las cámaras pensó:
óEste hombre está en la cosa. Este hombre va a dar con nosotros.

En iguales términos se expresó Luis Emilio de la Rosa, narrándole que luego de haberlo visto en televisión pasó la noche en vela. Su esposa le había preguntado y no se había atrevido a contarle. De hecho, confesó, cada vez que veía la fotografía de Orlando, que aparecía con cierta frecuencia en los periódicos, devenía insomne e inapetente.

Ramón Abreu Rodríguez, un hombre cercano a los setenta años, tenía un trato tan dulce y afable que sorprendía saber que había servido a la milicia por casi cuatro décadas. Manifestó, entre otras cosas, que el encargado del departamento de inteligencia de la fuerza aérea Isidoro Martínez González había solicitado al cabo Mariano Durán para un servicio cumpliendo ìórdenes de sus superiores, superior inmediato era el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana que era Salvador Lluberes Montásî.

Al no encontrar, ni en sus declaraciones ni en las demás piezas documentales del expediente, vinculación de éste con el planeamiento o disposición de la agresión ordenada contra Orlando, el juez de instrucción, con la opinión favorable del fiscal del Distrito, lo puso en libertad.

Por otra parte a Isidoro Martínez,de quien se había determinado se encontraba físicamente muy enfermo, se le suministraba atención médica. Como el juzgado de instrucción carecía de recursos, el procurador Rodríguez Del Orbe ordenó el internamiento del detenido en una clínica privada la cual costeó hasta tanto le fuera reembolsado por la institución que dirigía.

El juez Castillo Pantaleón le visitó en el establecimiento de servicios de salud a fin de cotejar datos adicionales de sus declaraciones anteriores. Allí ya no se encontraba aislado sino en compañía de familiares y de su abogado, el ex coronel Pablo Rafael Belliard Acosta. Cuando se disponía a iniciar sus preguntas el juez se sorprendió con la noticia que le daba el acusado: quería que fueran destruidos los documentos que ya habían sido firmados y rubricados por él donde constaban sus confesiones. Indignado por lo que entendió como una burla a su investidura Castillo Pantaleón se marchó, visiblemente enojado. Al salir le espetó:

Las primeras palabras que Pou Castro pronunció involucrando a Chinino como la persona que le ordenó la acometida contra Orlando Martínez no constaron en el expediente. El 20 de marzo, en la celda de la cuarta planta del palacio de justicia donde estaba aislado y custodiado, frente al juez de instrucción y su secretario, Pou Castro hizo una fugaz exposición de hechos la cual, al serle leída para su firma, rechazó, estallando en un llanto emotivo.

Demandó que se empezara de nuevo su interrogatorio, lo que hicieron con resignación. En éste, al serle presentada la confesión de Isidoro, relató ìque para él realizar estos hechos, tenía que tener la autorización del Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicanaî y en relación con los interrogatorios del año 1975 expresó: ìusted me está leyendo la verdad de lo que pasó en esa época en ese interrogatorio que me hicieron en la Jefatura de Estado Mayorî. Este interrogatorio también fue interrumpido abruptamente por un acceso de emoción, aunque lo firmó.

El 24 de marzo Pou Castro admitió haber estado detenido durante catorce días en la policía en el año 1975 y alegó que allí se le presentaron siete u ocho expedientes para la firma, a lo que se negó. Los amenazó diciéndoles ìque si ellos me sometían a la justicia íbamos a ir todosî. Negaba todavía su participación en el asesinato.

El juez lo aconsejó diciéndole que colaborar con la justicia era la mejor forma de garantizar su integridad y la de sus parientes porque otros involucrados que aún estuvieren en libertad, al no poderse comunicar con él, podrían desesperarse y atentar contra su familia como una forma de amedrentarlo. Le informó que por problemas de espacio había dispuesto su traslado al servicio secreto de la policía, pero en iguales condiciones de aislamiento.

Varios días después, la mañana del 2 de abril muy temprano, Castillo Pantaleón recibió en su casa la llamada del coronel Bernardo Santiago y Santiago que le avisó:
óEl general Pou quiere hablar con usted. Me haló temprano y me dijo que quería hablar con usted.
A media mañana el juez se dirigió a la celda que ocupaba Pou en el palacio policial. Allí lo encontró apretando los dientes, con los puños cerrados y en su rostro una mirada de indignación. El hombre estaba incómodo. Le dijo:
óHay una cosa que yo no puedo permitir y es que se metan con mi familia. Yo voy a hablar, pero con una condición: que mi familia esté presente.
óDe acuerdo ?le respondió el juez. Y de inmediato le solicitó su despacho en préstamo temporal al coronel Santiago y Santiago, que le facilitara al detenido ropa limpia y le permitiera ducharse mientras se localizaba a los familiares.
Haciendo un aparte con Pou, ya en el despacho del coronel, el magistrado le preguntó:
ó¿Pasó algo Pou?
óHicieron un asomo en mi casa... ?le señaló con rabia.
ó¿Cómo un asomo? ?le cuestionó el juez.
óAsomo es cuando tu quieres que una persona se esté quieta, se aparece alguien en tu casa. No te dice nada pero te deja entendido que están pendientes de ti o de tu familia. En mi casa se apareció ayer una persona muy peligrosa del equipo de una gente que yo conozco... y mi familia está sola. Yo necesito que una escopeta de cacería que es de mi propiedad le sea devuelta para que mis hijos se cuiden ?le explicó.
óPou ¿y no es mejor que yo solicite al jefe de la policía protección para tu casa y tus parientes? ?le preguntó el magistrado.
óNo, yo no quiero gente en mi casa. Eso es más peligroso porque los mismos que están contigo son los que te joden... ?concluyó Pou.
óBueno, eso tengo que consultarlo con el fiscal y el procurador.
Desde ese mismo lugar Castillo Pantaleón telefoneó a ambos representantes de ministerio público transmitiéndoles la inquietud de Pou. Ambos le aseguraron que tramitarían esa petición. Así lo hizo saber al detenido.

Intrigado por desconocer la forma en que Pou se había enterado de lo sucedido, el juez demandó conocer el mecanismo por el cual había burlado su vigilancia. Pou le narró que en una ocasión en que le llevaban la comida a su celda le habían advertido que mirara por una ranura en la pared que daba al patio interior, hacia un lugar determinado y a una hora específica de la noche. En ese punto se había colocado su esposa quien, a partir de entonces, se comunicaba con él mediante el lenguaje de señas para sordomudos que ambos dominaban por tener una hija en tal condición. Le manifestó que esa hija era ìla niña de mis ojosî.
Una hora más tarde llegó la esposa y un joven que era su hijo. Entre los tres se abrazaron larga y efusivamente derramando algunas lágrimas. Durante ese emotivo momento el juez y el secretario, que acababa de llegar también, hicieron un respetuoso silencio. Pou se quedó mirando fijamente a su esposa y le dijo:
óYo le dije al juez que sólo iba a hablar delante de ustedes... ?y mirando al hijo continuó:
ó...Para que mis hijos sepan lo difícil que fue para su padre esa época.

Realizó entonces una larga y detallada confesión de la sucesión de hechos y circunstancias que culminaron la noche del 17 de marzo de 1975 con la muerte del periodista. Cuando señaló que, luego de una reunión de los altos mandos militares de la época, Chinino le dio la orden de ìdarle unos palosî a Orlando Martínez, asumió que en esa reunión se trató el tema, pero no pudo confirmarlo con certeza; en relación a Chinino el señalamiento que hizo fue reiterado, directo y personal.

Durante el relato interrumpía sus palabras incesantemente con comentarios dirigidos a su cónyuge o a su hijo sobre la cotidianidad doméstica o insertaba recuerdos en voz alta sobre otros acontecimientos de esos años que no tenían nexos con el crimen.

En efecto, Pou Castro se entrevistó con Castillo Pantaleón en cinco o seis ocasiones, narrando en todas ellas infinidad de episodios violentos, intrigantes y brutales de los que había tenido conocimiento en una de las etapas más convulsas de la historia posterior a la revuelta del año 1965, por lo que fue calificado por éste como ìla memoria histórica de la parte oscura del pasado reciente que nunca es escritaî. Sin embargo, sólo accedió a firmar tres de sus interrogatorios. El resto y la información que ellos contenían fueron destruidos a exigencias del acusado que presentaba a veces, a juicio de los funcionarios judiciales que estuvieron en contacto con él, rasgos de inestabilidad emocional.

La primera vez que el magistrado Castillo Pantaleón se entrevistó con el ex general Salvador Lluberes Montás lo encontró molesto, sentado rígidamente y con una expresión adusta en su cara. La intensidad de su mirada y el rigor de sus labios indicaban una personalidad inflexible, acostumbrada a mandar e intolerante a la desobediencia.

Contrastaba con las referencias que había escuchado sobre su trato cariñoso y familiar y sus espléndidas relaciones humanas que le granjearon estrechas, incondicionales y sólidas amistades en el medio empresarial, banquero y político de su país, las cuales le permitieron, junto a otras sonadas figuras militares, relacionarse particularmente con influyentes cúpulas políticas del partido que lo puso en retiro y sostener su ascendiente social en los gobiernos posteriores.

Le informó que era necesario proceder a interrogarlo en relación a las declaraciones de otros detenidos que lo señalaban como responsable de emitir una orden que segó la vida de Orlando. El ex general expresó indignación por lo que entendía constituía una desconsideración a su persona.

El juez le explicó que no se trataba de un asunto personal. Los informes que ya había recibido meses y años atrás unidos a las declaraciones de Ramón Abreu e Isidoro Martínez y posteriormente Pou Castro, produjeron los indicios suficientes que habían motivado su orden de prisión y su implicación en el expediente. Cumplía con su trabajo.

Inició el interrogatorio haciéndole una larga exposición sobre las declaraciones coincidentes de otros implicados que lo señalaban. Lluberes, sin modificar la seriedad de sus facciones, articuló su seca respuesta:
óì...es la primera vez que oigo esa historia ?hizo una pausa y continuó?: jamás ordené esto. Jamás he hablado con Pou sobre asuntos de Orlando Martínez. Yo no digo que ellos lo hicieran o no lo hicieran, yo lo que digo es que yo no ordené esto. Yo no tenía que perseguir a Orlando Martínez, porque él nunca escribió en contra mía, yo no tenía ningún interés en esto. Si los coacusados me inculpan, ellos serán responsables...î.

A partir de entonces Lluberes Montás, Chinino, en ese y los posteriores interrogatorios, no sólo negó tener alguna clase de vinculación con el caso, sino que omitió explicarle al magistrado el porqué de todas las circunstancias que le situaban en esa posición: el que sólo él, por su jerarquía militar, pudiera ordenar que personal bajo su mando directo, el jefe de inteligencia y colaborador más cercano coronel Isidoro Martínez y su oficial jefe de investigaciones, ejecutasen un operativo de tal naturaleza; el que ningún oficial de la época solicitaba y obtenía asignación de vehículos para ìserviciosî al J-2 de las fuerzas armadas sin contar previamente con su autorización como jefe de estado mayor, lo cual había sido corroborado por el testimonio ofrecido por el coronel Abreu Rodríguez que a su vez había sido jefe del J-2 con anterioridad; el que ningún oficial solicitaba y obtenía personal de la fuerza aérea de servicio en el J-2, como los cabos Mariano Durán, Eulogio Cordero Germán y el capitán Sánchez Guzmán, sin contar previamente con la autorización del jefe de estado mayor, lo cual también había sido corroborado por Abreu Rodríguez.

Castillo Pantaleón le mencionó que de los militares detenidos hasta ese momento era el único que formaba parte de las jefaturas militares de la época criticadas por la víctima en varios de sus escritos periodísticos, siendo el único que podía sentirse aludido u ofendido por las columnas del comunicador; que además, luego del asesinato del periodista Orlando Martínez, renunció a su posición, junto a los demás mandos militares, en una evidente relación con el caso.
Lluberes contraatacó preguntando:
óYo lo que no entiendo entonces es ¿por qué yo no caí preso en esa época?
óMencióneme al menos un caso en el cual un jefe de estado mayor cayera preso ?replicó el juez.
óNada más hay un caso ?susurró Lluberes, dirigiendo su mirada hacia abajo?, Orlando Martínez, no conozco otro.

Justo en los días que se disponía a profundizar las pesquisas con la citación a testigos e informantes que ya habían declarado con anterioridad y otros que nunca habían sido llamados, se notificó al juzgado que el expediente debía ser enviado a dos diferentes cámaras penales debido a que dos de los acusados habían solicitado ser puestos en libertad mediante la interposición de recursos legales.

Castillo Pantaleón sabía que uno de los jueces apoderados de los recursos de hábeas corpus era hijo de aquel fiscal que, en el año 1975, tramitó el primer expediente tan criticado por la opinión pública por considerarlo políticamente dirigido y que el otro era un ex miembro de la policía y posiblemente amigo personal del solicitante, por lo que sintió que si no apresuraba una decisión ambos serían puestos en libertad y el caso se iría a pique. Razonaba que el expediente aún requería más tiempo de trabajo, pues aunque las piezas del expediente dejaban entrever que Chinino era quien había transmitido la orden a aquellos que la ejecutaron y éstos lo señalaban directamente, probablemente la orden no había sido exclusivamente idea suya.

Comprendió que Salvador Lluberes Montás era el único que podía declarar efectivamente contra los demás autores intelectuales, si los había; señalar quiénes fueron los ideólogos, quiénes estaban reunidos cuando la decisión se tomó; quiénes participaron activamente en la decisión y quiénes asintieron o simplemente callaron, porque él era el único de los que guardaban prisión que se encontraba presente en la reunión donde presuntamente esa decisión había sido tomada. Pero el tiempo estaba en su contra.

Entonces tomó una resolución fundamental: dictaría una sentencia en contra de quienes ya existían indicios suficientes antes de que los jueces de cámara ordenaran su libertad y luego trataría con el fiscal la posibilidad de una instrucción suplementaria que le permitiera completar lo que había iniciado. El fiscal le expresó sin embargo que por el momento no ordenaría una suplementaria; que esperaría a que se iniciase el juicio de fondo y se tomaría su tiempo antes de tomar una determinación de ese tipo.

El magistrado Castillo Pantaleón respetó este criterio del fiscal y definió su fallo en el silencio de la noche del 3 de abril de 1997, luego de una última visita al ex general Lluberes Montás. En esa oportunidad intentó convencerlo de colaborar con el esclarecimiento de cuestiones que pudieran quedar ocultas. Le permitió leer todos los interrogatorios informándole que era su derecho conocer las evidencias que fundamentarían la decisión que estaba presto a tomar. El ex jefe de estado mayor las ojeó en silencio con expresión de preocupación sin modificar su voluntad. El juez salió de la habitación sin despedirse.

La intensa y febril actividad que caracterizó esos días de la vida de Juan Miguel Castillo Pantaleón y el desarrollo de las actividades del juzgado de instrucción de la cuarta circunscripción del Distrito Nacional concluyeron la madrugada siguiente con una decisión que conmovió a cientos de personas en todo el país y que los periódicos publicaron íntegramente.