SEGUNDA PARTE

Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page

Empezaba el mes de marzo del año de 1995. Doña Adriana Howley viuda Martínez, madre del periodista Orlando Martínez, con el desgano del que va perdiendo las últimas esperanzas visitó una vez más el juzgado de instrucción de la cuarta circunscripción del Distrito Nacional. Sin recordar ya cuántas, sabía que fueron muchas las veces que su esposo, sus hijos y ella misma acudieron a este mismo lugar buscando justicia para su Orlando asesinado.

Dona Adriana, con el pelo gris y el rostro dulce a pesar del lastre de sus aflicciones, llevaba como muchas veces un vestido oscuro. Subió las escaleras que conducían hasta la segunda planta en compañía de su abogado, el doctor Abel Rodríguez Del Orbe y algunos familiares, con intención de seguir insistiendo, de reiterar sus requerimientos de una justicia que no llegaba. A pesar de ser tantos los años pasados, de haber perdido ya dos hijos y su esposo, de sentirse ella misma cansada y algo enferma, no quería que el tiempo y el olvido terminaran siendo cómplices.

El presidente de la República en ese momento y desde hacía mucho tiempo era Joaquín Balaguer, doctor en derecho y escritor quien, como única referencia al caso del asesinato del periodista Orlando Martínez, ìescribióî en su libro ìMemorias de un Cortesano de la Era de Trujilloî una página en blanco:
ìEsta página se inserta en blanco. Durante muchos años permanecerá muda, pero un día hablará, para que su voz sea recogida por la historia. Callada, como una tumba cuyo secreto a voces se levantará, acusador, cuando el tiempo permita levantar la losa bajo la cual permanece yacente la verdad.î

Calzaba la página con una foto en la que aparecían juntos Juan Bosch y Orlando martínez, quienes a la hora de la muerte del último registraban un intenso enfrentamiento político por la prensa.

La madre no podía esconder la indignación que sentía por tales palabras. Sus fieles lágrimas mezclaban a partes iguales el dolor y la ira. Se sentía burlada y no podía creer que luego de haber escrito tal cosa algo cambiara. Este hombre decía que sabía pero que callaría. ¿Por qué la justicia no llamaba al presidente a declarar? ñse preguntaba insistentementeñ y se respondía: en veinte años son muchos los informes, las teorías, los secretos y las especulaciones sobre la desgracia, sus causas, su origen y sus circunstancias.

La pérdida de su brillante e inquieto hijo había dejado una congoja que hacía irrespirable el ambiente donde quiera que se le conoció; en Las Matas de Farfán desde el 23 de septiembre de 1944 en que nació; en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que lo admitió en las carreras de periodismo y sociología; en el Partido Comunista (PCD) y su comisión juvenil que fundó junto a otros; en Radio HIN y en Publicaciones Ahora! donde llegó a ser director ejecutivo y leído redactor de la Revista Ahora! y el periódico El Nacional en su incisiva columna Microscopio. Quizás algo de esa consternación había dejado la familia en tantas visitas al juzgado de instrucción apoderado del expediente del asesinato de su hijo.

En aquel entonces, y desde finales del año 1992, el juzgado era presidido por Juan Miguel Castillo Pantaleón quien, en los poco más de dos años en funciones, no había tocado ni ese ni ningún otro expediente de los que denominaba comúnmente ìviejosî. Se había dedicado con ahínco a fallar casi exclusivamente la mayor cantidad de casos de personas detenidas porque los entendía prioritarios. Sentía que así lo demandaba el gran número de presos preventivos sin sentencia definitiva que poblaba las cárceles.

Este juez recibió la comitiva cerca del mediodía, pero ordenó que la entrevista se produjera sin la presencia de los reporteros que la acompañaban; los que habitualmente cubrían la fuente judicial. Mientras el grupo aguardaba determinó que los empleados fueran localizando los legajos de un expediente que databa del año 1975.

Finalmente fue escuchada. Doña Adriana hizo de nuevo su exposición emotivamente, dejando correr de sus ojos algunas de sus interminables pesadumbres y todo el trastorno que le producía la página en blanco del libro del doctor Balaguer.

Mirándola fija y penetrantemente como era su costumbre, el magistrado se impresionó. Ordenó al instante que la reiteración de la querella fuera debidamente recibida e incluida en el expediente, encontrado maltrecho entre los muchos documentos descuidados que se perdían en los archivos. Escuchó distraídamente la exposición de los abogados porque las breves palabras de la madre habían logrado abrirse paso hasta su razón a través de su compasión y no hacía falta más. Tomó nota mental de la referencia a la prescripción del caso que a pesar del tiempo transcurrido había sido interrumpida en más de una ocasión.

Le prometió a doña Adriana estudiar lo que ya existía y encaminar una investigación. La dama sonrió tristemente, asintiendo. No era ésa la primera promesa que recibía en veinte años. Sin prisas ni consuelo se marchó.

Juan Miguel Castillo Pantaleón era un juez joven que ingresó en la judicatura poco después de graduarse por recomendación de don Jacinto Peynado, amigo de su padre y senador por el Distrito Nacional, con quien le unían esos lazos de simpatía familiar. Con escaso interés en la política, gran preparación profesional y múltiples empeños intelectuales y culturales, desconocía las maniobras de aquellos que en todas sus formas ejercían el poder.

Procedente de muy conocidas familias de los campos de Salcedo, Juan Miguel nació el 26 de septiembre del año 1964. Su madre Juana Ligia se sentía orgullosa de llevar apellidos conocidos en su tierra por pertenecer a gente finamente educada, laboriosa y profundamente católica, de la que decía era la familia dominicana que más obispos, sacerdotes y monjas había aportado al país. Su padre Roberto presumía de sus prolíficos antepasados, su gran capacidad de trabajo y su longevidad.

Ambos progenitores se integraron en sus inicios al movimiento 14 de junio atraídos por Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, primas lejanas por el lado materno pero, al contraer matrimonio, Juana Ligia dejó atrás el interés por la política y todo lo que no encajara con el estilo de vida conservador que adoptó en lo adelante, mientras su esposo se dedicaba con gran empeño al fomento de las finanzas familiares.

Cuando Orlando fue asesinado, Juan Miguel contaba apenas once años de edad; ya profesional, no conocía absolutamente nada del expediente ni se había formado criterio alguno en relación con el hecho.

La misma tarde del día en que conversó con doña Adriana llegó a su casa con el traje muy ajado, una caja llena de documentos polvorientos y las intenciones de releer el libro de Joaquín Balaguer. Como respuesta a la mirada curiosa de su familia avisó que se disponía a estudiar ese expediente. Emprendió su investigación partiendo prácticamente de cero, en una cruzada que se le antojaba fácil, pero cuyas interminables consecuencias no fue capaz entonces de prever.

Lo primero es organizar tantas hojas y documentos e investigar el aspecto relativo a la prescripción, pensó el juez. Luce un expediente voluminoso y sin embargo, un examen superficial revela un exceso de copias que indica que no hay mucho trabajo en él. Hay también cosas que lucen extrañas. Por ejemplo, ¿qué hace la espoleta de una granada en un sobre dentro de estos folders? Además, ha pasado mucho tiempo desde el asesinato. ¿Es posible que haya prescrito la acción pública cuyo plazo es de diez años?

Transcurrieron pocas semanas mientras separaba las copias de los originales; la parte del informativo policial de los interrogatorios hechos por el magistrado de instrucción en el año mismo del asesinato; los interrogatorios hechos por otro juez en el año de 1985 de los documentos de estricto procedimiento; además de clasificar los recortes de prensa, las distintas querellas depositadas por los familiares y sus abogados a lo largo de los años y otros documentos sueltos.

Encontró que el magistrado Juan Ramón Arnaud Castillo, mientras presidió el juzgado recibió una nueva querella, fechada el ocho de marzo de 1985 y firmada por Luis Mariano Martínez, padre de la víctima. Seis días después el procurador fiscal del Distrito, licenciado Alfredo Balcácer Vega, le reiteró el requerimiento de continuar las indagatorias. A partir de estos actos que interrumpieron el plazo de prescripción que había empezado a correr a partir del día catorce del mes de agosto de 1975 con la última de las actuaciones de Díaz Curiel, el magistrado Arnaud llevó a cabo diversos interrogatorios. El nuevo plazo de prescripción corría a partir de noviembre de 1988 con el último de los requerimientos realizados por éste. Ciertamente el expediente no había prescrito.

Mezclados descuidadamente aparecieron documentos correspondientes a otros sumarios igualmente viejos que tampoco fueron solucionados por la justicia, como el del asesinato del también periodista Gregorio García Castro, Goyito, acaecido en el año de 1973 y que igualmente fue comentado en el libro de Balaguer; documentos relativos al famoso caso de ìEl Granadazoî en la Junta Central Electoral, sucedido en medio de impugnaciones de las elecciones nacionales del año 1982 y otros casos notorios que también veían transcurrir el tiempo desde lo profundo de las gavetas del tribunal.

Contenía incluso una importante medida de papel en blanco que, al parecer, servía sólo como relleno. Papeles al revés, hojas sucias y rotas, incluso carpetas mordisqueadas, quizás por algunas de las ratas del lóbrego y maloliente ambiente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Observó que la espoleta formaba parte del cuerpo del delito del caso ya prescrito de la famosa explosión de una granada en la Junta; que en algunos de los formularios impresos emitidos por la fiscalía se confundía el nombre de Orlando con el de Gregorio García Castro; que en una gran proporción las páginas de los interrogatorios se hallaban rotas. Ordenando, limpiando y recomponiendo pasaron algunos días más.

Poco tiempo después y ordenadas ya temática y cronológicamente, Castillo Pantaleón empezó el estudio de las no muy abundantes piezas que hasta el momento componían el expediente. Compartiendo en ocasiones inquietudes con su esposa, tomaba nota de sus pensamientos y de las preguntas que surgían con la lectura.

Con lo que hay allí no es posible sacar gran cosa en claro, se dijo. El trabajo que hizo la policía no condujo a nada. Los funcionarios judiciales no lo cuestionaron ni lo profundizaron. Al mismo tiempo, alguien ha afirmado públicamente y por escrito que tiene conocimiento del tema. Ese alguien es el presidente Joaquín Balaguer quien además de enigmático y controversial político con siete ascensos a la primera magistratura de la nación bajo frecuentes denuncias de fraude, era también conocido en el mundo literario como ensayista, biógrafo e historiador.

Entonces, sin detenerse a analizarlo, resolvió empezar por lo más obvio: recabar el testimonio del presidente.

Precisamente en esos días, al pie de las escaleras ubicadas en la puerta de entrada del palacio de justicia, el juez de instrucción se encontró frente al doctor Abel Rodríguez del Orbe, a la sazón abogado de los familiares de la víctima. Rodríguez Del Orbe era un hombre alto, calvo a medias y algo desgarbado, sumamente conocido entre los abogados por su extrema espontaneidad.
Tuvo un pasado de izquierdista militante y su participación en sometimientos por corrupción de políticos famosos no definió su oficina privada como un éxito financiero, según los requerimientos de la sociedad en que ejercía, dedicándose mayormente a la práctica social de su profesión.

Luego de saludarlo le informó que había solicitado autorización al fiscal de entonces, doctor Luis Nelson Pantaleón González, por el mecanismo correspondiente según los requerimientos del proceso, para continuar con las indagatorias del asesinato de Orlando Martínez y que éste, mediante un Auto similar al emitido con anterioridad, dio su visto bueno reiterando el apoderamiento al mismo juzgado.

Le participó también que luego de un repaso minucioso de los documentos del caso había decidido recabar las declaraciones del informante más evidente y que por esta razón le sugería enviar un alguacil al juzgado a fin de llevar a cabo la citación del presidente en palacio, ya que el tribunal no contaba con empleados de este tipo ni con fondos para costearlos.

Luego de pensarlo un poco, el doctor Rodríguez del Orbe le expresó con su marcado acento regional que no era procedente que la familia costeara tal acto pues, a su entender, debía hacerlo la justicia sin la intervención de los familiares para que quedara la convicción, en el ánimo del destinatario, de que se trataba de una actuación propia de la justicia.

Pese a estar en desacuerdo, Castillo Pantaleón no lo rebatió. Entendía que los abogados, por definición, constituían auxiliares de la justicia. Especialmente de una justicia tan precaria como la existente que contaba con apenas dos o tres empleados y ninguna tecnología o recursos. Pensó en todos los expedientes paralizados por falta de notificaciones y las infinitas veces en que había reclamado la atención de sus superiores en ese sentido y sintió que si la justicia no podía, los abogados debían hacer un mejor papel. Se despidió del doctor Rodríguez del Orbe pensativo y un poquito desanimado.

Posteriormente, el 20 de abril de 1995, Castillo Pantaleón emitió un Auto mediante el cual solicitaba al presidente Balaguer ofrecer el testimonio de cuanto fuere de su conocimiento sobre el asesinato del señor Luis Orlando Martínez Howley. Había visto un auto similar en el expediente, firmado por el juez de instrucción Juan Ramón Arnaud Castillo, pero el mismo no presentaba sellos, firmas o fechas que evidenciaran si había sido enviado. Resolvió cerciorarse de que el suyo llegara.
Acompañó el Auto de la siguiente carta:

Su Excelencia
DR. JOAQUIN BALAGUER
Presidente Constitucional de la República Dominicana
Palacio Nacional
Su Despacho
Ciudad.

El pasado mes de marzo del año en curso, recibí en mi despacho la visita de la señora ADRIANA HOWLEY OGANDO VDA. MARTÍNEZ, quien en dicha ocasión reiteró mediante querella, la solicitud de que el Juzgado de Instrucción que actualmente presido esclarezca el asesinato de su hijo, el periodista ORLANDO MARTÍNEZ HOWLEY. Esa actuación se agregó a otras anteriores que han permitido que el crimen no prescriba, no obstante transcurridos ya veinte años desde la perpetración del hecho.

En la página 333 de la obra de su autoría ìMemorias de un Cortesano de la Era de Trujilloî, insertó usted lo que denominó una ìpagina en blancoî para señalar los responsables del hecho. Al pie de esta página delegó en persona de identidad anónima la obligación de revelar esos importantes datos. Sin embargo, usted sin dudas conoce el deber que el Código de Procedimiento criminal asigna a toda autoridad constituida o funcionario público que ha adquirido conocimiento de que se ha cometido un crimen, a participarlo a las autoridades judiciales. Poderosas deben haber sido las razones por las que un hombre que, como usted, ha sido protagonista de los más importantes capítulos de la historia reciente, haya guardado tal mutismo ante la nación.

Por mi parte, siento la íntima responsabilidad de no permanecer indiferente ante mi deber como juez, de solicitarle, precisamente a usted, quien más que nadie ha estado ligado a los anales de nuestras instituciones democráticas, a que rompa ese silencio, para que no quede en esa página muda el reclamo de la justicia.

En este sentido y con todo el respeto que merece por la alta investidura que ostenta y por la consideración que por sus dotes intelectuales es acreedor, me dirijo a usted con la finalidad de recabar esos indicios y pruebas.

En la culminación de su destacada carrera política y acumulados los más altos honores que un ciudadano puede recibir, esa ìpágina en blancoî constituye una mancha inexplicable e inútil en su trayectoria, más aún cuando la nación vive hoy día una etapa de libertades públicas precisamente levantada sobre escombros de intolerancias ya felizmente superados, y de las cuales la muerte de ORLANDO MARTÍNEZ es precisamente un ejemplo.

Señor Presidente, callar esos datos hasta la hora de su desaparición física es una actitud que no merece a sí misma la trayectoria de su vida; tampoco la merecen las jóvenes generaciones de las cuales formo parte; ni la merece la tenacidad de los padres de ese periodista asesinado, que a veinte años de su muerte continúan reclamando sanción a los culpables; ni mucho menos lo merece la conciencia pública que todo crimen estremece.

Tengo la esperanza de que, comprendiendo el interés genuinamente jurídico de estas investigaciones, se anime prontamente a brindar a la justicia su trascendental colaboración. Ha sido usted la única persona que ha afirmado tener conocimiento de quiénes son los responsables de tales hechos y sus declaraciones serían así la culminación de años de hasta el momento inútiles pesquisas.

Esperando noticias suyas y deseándole que el Altísimo le ilumine siempre en su proceder, le saluda,
Muy Atentamente,

LIC. JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEÓN
JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN
DISTRITO NACIONAL

Esta comunicación fue llevada personalmente por Castillo Pantaleón a palacio, donde le fueron requeridas múltiples copias. El receptor de las comunicaciones lo observó con una mirada de asombro que le divirtió. Más tarde llegó a su casa de muy buen humor comentando:
óYo creo que vamos a tener respuesta positiva. Si al doctor Balaguer le leen la carta es posible que se dé cuenta de que esto no tiene nada que ver con políticos y nos llame para que recibamos su declaración. Es cuestión de días.

Razonó que la solución de este caso constituiría un avance importante para la justicia y la recuperación de la credibilidad de los ciudadanos en ella. Estaba consciente de que la pésima reputación del poder judicial tenía su fundamento, pero sabía también que en él coexistían profesionales serios y capaces que, pese a las infinitas precariedades materiales, hacían una labor decente.

A veces se disgustaba por las injustas generalizaciones en medios de comunicación y tomaba con escepticismo las advertencias que recibía en el sentido de que tenían un origen fundamentalmente político. Creyó que más tarde o más temprano tendrían que hacer las distinciones. Y reflexionando sobre todo esto se dispuso a esperar.

A casi un mes de su tentativa de recabar el testimonio o cualquier información con el presidente y ya con la duda convertida en certeza, el juez decidió continuar con el examen de los documentos que contenía el expediente en el juzgado de instrucción.

Reanudó entonces su inspección con las crónicas periodísticas que abundaban entre los legajos: noticias, editoriales, declaraciones de allegados, comentarios y artículos de opinión de reconocidas figuras públicas como los periodistas Bonaparte Gautreaux Piñeyro y Luis Encarnación, los juristas Marino Vinicio Castillo y Ramón Antonio Veras, y otras personalidades conocedoras de la época y las circunstancias.

Leyó detenidamente los documentos depositados por el partido Comunista dirigidos a anteriores jueces de instrucción y fiscales del Distrito, las cartas al magistrado de turno y las querellas del padre de la víctima, Luis Mariano Martínez, a través de sus abogados Abel Rodríguez Del Orbe y Ramón Antonio Veras; copias de artículos publicados en las revistas Ahora! e Impacto Socialista, cartas de periodistas y directores de medios y denuncias sobre tramas criminales en contra de Narciso Isa Conde, quien fuera gran amigo del comunicador y se había constituido en el abanderado de la búsqueda de justicia de su homicidio.

Isa Conde, precisado a exiliarse un mes después del asesinato debido a las amenazas de muerte de que era objeto, constituía el principal dirigente de la llamada Fuerza de la Revolución, organización de izquierda que sucedió al PCD. Desde esos movimientos se mantuvo en constante exaltación de la memoria histórica de Orlando, siempre en primera fila de los reclamos de justicia y castigo contra la persecución política y la impunidad. Tenía en el desgraciado suceso una punta de lanza en sus críticas de los gobiernos represivos de Joaquín Balaguer. Sus perseverantes escritos eran una fuente importante de denuncia y de información.

El magistrado revisó cada una de las actuaciones llevadas a cabo por los anteriores jueces de instrucción que laboraron en el expediente, el doctor Sócrates Díaz Curiel y el doctor Juan Ramón Arnaud Castillo, y cada uno de los documentos emanados de anteriores fiscales, como el retirado contralmirante de la marina de guerra doctor Augusto Cesar Canó González, acreditado durante muchos años en el período más represivo del tristemente célebre gobierno balaguerista de los doce años, el licenciado Alfredo Balcácer Vega, designado durante la última etapa del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco y el doctor Prim Pujals Nolasco, nombrado en el año 1986 durante las persecuciones que por corrupción administrativa se impulsaron contra la gestión gubernamental anterior, al regresar al poder el doctor Joaquín Balaguer.

Indagó el paradero de Félix Manuel Vargas Taveras, alias Papirucho o Papirucho Banda, cuyo testimonio original a raíz del asesinato sirvió de base para la acusación y sometimiento a la justicia de tres hombres que más tarde fueron puestos en libertad: Melvin Mañón Rossi, Diómedes Mercedes y Rafael Antonio Luna.

Un rastreo preliminar le mostró que Papirucho, un hombre delgado, de piel morena, breve bigote y mirada fría y fija, se encontraba cumpliendo condena en la fortaleza de San Cristóbal por haber dado muerte a una mujer con la que convivía, sentenciado a veinte años de cárcel y que su expediente se hallaba en la corte de apelación de Santo Domingo pendiente del conocimiento de un recurso. Solicitó su presencia y lo interrogó por primera vez, sin saber bien lo que buscaba y sin obtener en ese momento algún indicio o resultado.

Se entrevistó en numerosas oportunidades con diversas personalidades ligadas en alguna forma al periodista fallecido o al expediente. Las informaciones recibidas de Bonaparte Gautreaux Piñeyro, José Israel Cuello, Juan José Ayuso y Abel Rodríguez Del Orbe, entre otros, fueron comparadas con los documentos del expediente judicial. Acudió además en algunas ocasiones al Palacio Nacional, pero a la luz de la ausencia de respuesta a su comunicación de abril, sin esperanzas de ser recibido por el mandatario.

En uno de esos encuentros, un importante director de medios de comunicación le refirió en forma confidencial que la orden de matar a Orlando había partido de un ex militar de apellido Lluberes a quien apodaban Chinino y que algunos de sus ejecutores materiales habían fallecido y que no utilizara sus declaraciones de manera oficial porque como comunicador no era su papel involucrarse. Lo que Castillo Pantaleón comprendió perfectamente, además de que a su juicio se trataba de una afirmación sin la solidez necesaria para ser considerada algo más que un simple comentario. Pero guardó este dato en su archivo mental.

Por ese estilo transcurrió cerca de un año. Se produjeron elecciones generales en mayo de 1996, anticipadas debido a ser recortado el período electoral balaguerista en los cargos presidenciales como consecuencia de acusaciones de fraude en el 1994. El partido Revolucionario (PRD), autor de las quejas, preservando los cargos congresionales obtenidos en las mismas elecciones, otorgó con posterioridad al líder reformista el título de ìPadre de la Democraciaî en una maniobra que, a juicio de muchos, tuvo intenciones compensatorias.

Sin embargo, cuarenta y cinco días después, en la segunda vuelta electoral y con el apoyo del hasta entonces oficialista partido Reformista Social Cristiano (PRSC), resultó electo presidente el candidato del partido de la Liberación (PLD), doctor Leonel Fernández Reyna, sustituyendo al doctor Joaquín Balaguer en el mes de agosto.

El nuevo mandatario, miembro fundador de su partido y ferviente seguidor del profesor Juan Bosch, a quien había sucedido como candidato presidencial ante su declive biológico, era una persona de carácter pacífico y conciliador. Había formado parte de la oficina de abogados del doctor Abel Rodríguez Del Orbe, quien sentía por él un afecto casi filial.

Para sorpresa de muchos en el primer decreto del presidente Fernández fue designado como procurador general el doctor Rodríguez Del Orbe. Este nombramiento renovó esperanzas en el juez Castillo Pantaleón. Antes de cumplirse el mes de su designación el nuevo procurador recibió la siguiente comunicación:

Señor:
Dr. Abel Rodríguez Del Orbe
Magistrado Procurador General de la República
Ciudad

Con interés he leído en la página frontal del matutino ìListín Diarioî, en su edición del día de hoy, sus comentarios expresados dentro del contexto de declaraciones sobre una prórroga solicitada por un Juez de Instrucción a propósito de un caso del cual aún no se ha concluido la Instrucción Preparatoria, cito: ìrecuerden que hay Jueces de Instrucción que tienen expedientes hace dos y tres años y no han hecho nadaî (el subrayado es mío).

Como tal vez recuerde, al último contacto judicial que tuve con usted fue a mediados de marzo del año pasado, cuando le recibí en mi despacho, acompañando a la señora ADRIANA HOWLEY OGANDO VDA. MARTÍNEZ en su calidad de abogado constituido en parte civil en la reiteración de la querella por el asesinato del periodista ORLANDO MARTÍNEZ HOWLEY, lamentable hecho ocurrido el 17 de marzo de 1975, actuación que unida a otras, han permitido que el crimen no prescriba.

En aquella ocasión me manifestaron su interés de que las investigaciones continuaran y de que, de modo particular, hiciera lo posible por obtener las declaraciones de la única persona que públicamente admite saber quiénes son los responsables del hecho, el entonces presidente DR. JOAQUÍN BALAGUER.

Luego de esto, y en los días subsiguientes estudié los viejos y empolvados legajos del caso y recuerdo que algunas semanas después me encontré con usted casualmente frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, le informé entonces que, habiendo recibido una reiteración del Requerimiento Introductivo por parte del Ministerio Público, emitiría un auto citando al Presidente para continuar con las pesquisas y que debían buscarse un alguacil para que lo notificase, ya que este juzgado carecía de ministerial. Usted me acotó que quizás si era la familia del periodista muerto quien diligenciaba tal actuación, no tuviera la justa significación que tal investigación procuraba y me expresó que tal diligencia debía ser hecha por la propia justicia.

El día 20 de abril de 1995 personalmente fui hasta la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y allí deposité el Auto de Citación al Presidente, de acuerdo a las formalidades de los artículos 371 y siguientes del Código de procedimiento Criminal. Igualmente, remití una correspondencia al Dr. Balaguer, que meses después, de alguna manera, se hizo pública en algunos medios de comunicación. Tal actuación ha resultado estéril hasta la fecha.

Ese fue el último contacto entre usted y este juzgado, pues nunca más volví a recibir solicitud alguna de la familia Martínez con respecto al caso. Luego, el 23 de mayo de 1995, en el vespertino ìEl Nacionalî leí, en la parte ìin fineî de la página 4, el siguiente comentario atribuido a la señora Howley Vda. Martínez, cito: ìHay que dejarlo en paz (al Dr. Balaguer). Si antes no lo hizo ahora menos en las condiciones en que estáî. (El subrayado es mío).

A partir del 16 de agosto del año en curso el eminente ciudadano, Dr. Joaquín Balaguer, ha devenido Ex Presidente de la República; La cita aún está pendiente y usted, entonces abogado de la familia de Orlando Martínez, actualmente se desempeña como máxima autoridad del Ministerio Público en nuestro país.

Quizás ahora, y por razón de nuestras funciones, la ocasión sea propicia para cumplir con los sagrados deberes que el destino ha puesto en nuestras manos: el de hacer justicia y el de lograr que las verdades, al margen de las conveniencias, salgan a relucir.

Estos deberes nos impulsan a retomar nuestras actuaciones y hacerlas con la altura y seriedad que la sociedad y Dios, quien a su vez nos juzgará, nos imponen. El Ex Presidente Dr. Joaquín Balaguer no ha brindado todavía sus informaciones sobre el caso, pero es nuestro deber seguir insistiendo, aún con todas las consideraciones que este ciudadano merece. Estas consideraciones no sólo son de índole histórica en razón de la persona de que se trata, sino por las razones jurídicas que hacen su situación un tanto especial, ya que ningún apremio le pudiera ser impuesto en atención a su ancianidad (artículos 72 del Código Penal y 800 del Código de Procedimiento Civil).

Finalizo estas líneas retomando el hilo original que ha motivado esta epístola: hay jueces de instrucción que tienen dos y tres años y no han hecho nada, pero ¿qué diría usted de la justicia que a 21 años de un crimen continúa impotente y sin apoyo?

LIC. JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEÓN
JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL
DISTRITO NACIONAL

La respuesta a la misma no se hizo esperar; una semana más tarde el procurador acusaba recibo del oficio precedente con una breve comunicación, expresando que ìentendemos que usted puede trasladarse con su Secretaria a la casa del Dr. Joaquín Balaguer y de la manera más cortés, solicitarle su testimonio en el caso del asesinato del periodista Orlando Martínezî.

El juez de instrucción razonaba que en una investigación difícil era necesario contar con la colaboración activa de la procuraduría general y la fiscalía. La consideraba difícil, no sólo por el tiempo transcurrido, sino por la variedad de hipótesis elaboradas en torno a ella las cuales, en su mayoría, involucraban a militares que habían ocupado cargos de mucha importancia durante el período de los primeros doce años de gobierno de Balaguer, en el que muchos uniformados y otros funcionarios fueron catalogados por el propio presidente como ìincontrolablesî.

Se propuso, en primer lugar, captar el interés de los representantes del ministerio público y, en segundo lugar, mantener una perspectiva objetiva, desligada de toda influencia de la opinión política interesada. Por ello descartó desde el primer momento tratar el tema con su familia o sus amistades. La única persona en la que confió plenamente fue su esposa, con quien compartió cada una de sus impresiones, teorías, pretensiones y el rumbo en que orientaba su indagatoria.

Concomitantemente, el 17 de enero de 1997, doña Adriana Howley vda. Martínez, conjuntamente con los señores Narciso Isa Conde, Fernando Peña, Silvano Lora Vicente, Rolando Bretón Javier, Lourdes Contreras Pérez, Mario Robles, Alfredo Pierre González, Odalis Martínez Almonte y Juan Gómez Estrella, envió un documento a la fiscalía del Distrito, regida entonces por el doctor Guillermo Moreno, en el cual reiteraba los términos de la instancia presentada en el mes de noviembre precedente contra el doctor Balaguer a quien señalaba como encubridor, cómplice e incitador en el caso del asesinato de su hijo, ìen adición a los cargos imputados previamente por el padre del occiso, SR. LUIS MARIANO MARTÍNEZ, cuyo expediente reposa por ante el Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacionalî. Exponiendo además que dicha reiteración se hacía con la finalidad de ìque pueda ser disipada cualquier interpretación jurídica que cuestione el carácter de querella de la instancia señalada...î

El fiscal Moreno era un joven profesor universitario, pequeño de estatura y de un trato mesurado y circunspecto que había tenido alguna experiencia en los movimientos de izquierda y participado en la llamada Comisión de la Verdad, grupo que procuraba el esclarecimiento de la desaparición del profesor universitario y comunicador Narciso González (Narcisazo) quien, luego de un fuerte discurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo había desaparecido, lo que el grupo atribuía a represión política balaguerista originada en la crisis electoral del año 1994.

Mucha expectativa había levantado esta nueva relación que se percibía entre la izquierda y las máximas autoridades del ministerio público, especialmente el doctor Moreno y el posible desarrollo de acciones contra la impunidad. Sin embargo, en respuesta a esta actuación la fiscalía remitió al tribunal apoderado el siguiente oficio, que provocó una gran sorpresa en el ánimo del juez y de los medios de comunicación:

REPÚBLICA DOMINICANA
SERVICIO JUDICIAL
PROCUADURÍA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL

Dr. Juan Miguel Castillo Pantaleón
Magistrado Juez de Instrucción
De la Cuarta Circunscripción del D. N.

Muy cortésmente le estoy remitiendo la instancia depositada en esta Procuraduría Fiscal por la Señora Adriana Howley Vda. Martínez relacionada con el expediente relativo al asesinato de ORLANDO MARTÍNEZ del cual está apoderado ese juzgado de instrucción.

Se hace constar que la querella a que hace alusión la referida señora fue desestimada por esta Procuraduría Fiscal por carecer de calidad los querellantes que figuraban en la misma conforme al auto de fecha veinte (20) de diciembre del año de mil novecientos noventa y seis (1996), que se anexa.

Justo por esos días en ese juzgado de instrucción se produjo la inesperada visita de un periodista de nombre Fausto Rosario Adames, quien le aseguró a Castillo Pantaleón que poseía informes serios sobre el asesinato de Orlando Martínez. Ante esta tajante afirmación el juez se puso de pie para estudiarlo detenidamente, percibiendo un hombre de apariencia tímida pero con una mirada tan escrutadora que desmentía la primera impresión. Sentía como si esta persona pudiera pasar inadvertida en cualquier sitio, pero tuviera la habilidad de aprovechar esa circunstancia para el sondeo y la averiguación.

Lo conminó a que prestara formalmente sus declaraciones, llamando en el acto al secretario a su despacho y ordenándole que preparase papel con copias suficientes para un interrogatorio. El periodista reaccionó visiblemente molesto y se negó, procediendo a retirarse.

Meses más tarde, a principios de octubre, ese mismo periodista vio impreso un artículo suyo en Rumbo, escrito meses atrás para la revista en la que laboraba, en el cual daba muestras de poseer mucha más información de la publicada. A manos del juez llegó un ejemplar que, por supuesto, leyó con fruición.

A la luz de ese texto, Castillo Pantaleón juzgó pertinente escuchar a este hombre aunque fuese en forma simplemente amigable y emprendió entonces su búsqueda. Trató infructuosamente durante largas semanas de ubicarlo en la revista, de obtener comunicación con él a través de amigos comunes hasta que en una ocasión, durante la transmisión de su programa radial matutino, la doctora Carmen Imbert Brugal evidenció tener amistad con el periodista. Se motivó a telefonear incesantemente a la que una vez había sido su profesora, hasta lograr que ésta, finalmente, concertara un encuentro con el comunicador.

Por razones diferentes, ambos estaban tras lo mismo. Sin embargo, los dos recelaban. Castillo Pantaleón sabía que la política invadía todos los terrenos y que los medios de comunicación constituían uno de los más codiciados; por ello analizaba muy cuidadosamente los partes que recibía por esta vía. El periodista, a su vez, desconfiaba de las reales intenciones del juez.