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La justicia esperada
Durante largos años la falta de voluntad política
mantuvo el proceso
''empantanado'' en la justicia hasta que el viernes 14 de marzo
del año
pasado, el entonces juez de instrucción de la Cuarta
Circunscripción, Juan
Miguel Castillo Pantaleón, inició los apresamientos
de los ex-generales
retirados Salvador Lluberes Montás (Chinino), Joaquín
Antonio Pou Castro y
José Isidoro González. Además acusó
a los ex-militarers Rafael Alfredo
Lluberes Ricart (Lluberito), Luis Emilio de la Rosa Beras y
Mariano Durán,
quien se encuentra prófugo.
A un año y ocho meses después de la detención
de los presuntos
responsables del crimen todavía la sociedad mantiene
la esperanza de que se
puedan conocer más detalles en torno al crimen. Hasta
la fecha el general
Lluberes Montás figura como el único acusado de
planificar el crimen del
comunicador social. El oficial niega los cargos formulados en
su contra y la
suerte le acompañó un poco desde hace algún
tiempo cuando sus alegatos de
males de salud llevaron a que, finalmente, el ex-procurador
general de la
República, Abel Rodríguez del Orbe, dispusiera
su excarcelación en julio de
este año.
Hasta un conocido comentarista de televisión insistió
para que el gobierno
favoreciera al detenido que argumenta problemas en el corazón
y cáncer. La
excarcelación de Lluberes Montás volvió
a sembrar las dudas en torno al
proceso y la madre del periodista, Doña Adriana Howley,
se vio desfallecer
una vez más. Ahora no tiene fuerza para acudir al tribunal
a ver iniciado un
juicio que esperó por largos años y llegó
a ver como irrealizable.
Mientras tanto, Carlos Balcácer, quien encabeza al grupo
de abogados del
general retirado, que en la actualidad se encuentra en su residencia
de La
Romana, se muestra muy optimista. Recuerda que su defendido
deberá
permanecer en libertad ya que la jurisprudencia señala
que para que un
excarcelado vuelva a prisión se requiere de un nuevo
decreto presidencial que
contravenga la orden mediante la cual resultó favorecido
al principio.
Algunos piensan que los viejos compromisos políticos
hecho a la sombra del
poder entre el líder máximo del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC),
Joaquín Balaguer, y el oficialista Partido de la Liberación
Dominicana (PLD)
pesa demasiado como para que el gobierno de marcha atrás
y obligue a
Lluberes Montás a padecer una prisión como los
demás presos del
expediente, como sucede con el general Isidoro Martínez,
quien se encuentra
interno en la Cuarta Planta del hospital Central de las Fuerzas
Armadas,
enfermo del mal de Parkison, diabetes, cáncer protástico
y presión arterial
alta.
Pese a todo el optimismo persiste. Para Eduardo Jorge Prats,
director
ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia
(FINJUS), el desafío de
castigar a los implicados en el crimen de Orlando representa
uno de los más
grandes que ha enfrentado la transición democrática
que vive la sociedad
dominicana a partir del ajusticiamiento del dictador Rafael
Leonidas Trujillo.
''El castigo de los autores materiales e intelectuales de tan
alevoso crimen es
una espina en el costado de la sociedad dominicana'', señala
Jorge Prats. El
jurista entiende que Orlando se ha convertido en un símbolo
de la lucha contra
el autoritarismo y la intolerancia que imperaban en República
Dominicana al
momento de ocurrir el hecho.
El director ejecutivo de la FINJUS espera que tanto el Ministerio
Público, la
Parte Civil Constituida, la Defensa y la presidencia de la Décima
Cámara
Penal dispongan de todos los medios a su alcance para que se
lleve a cabo un
juicio justo e imparcial. Confía en que se establezcan,
más allá de toda duda
razonable, las convicciones que permitan declarar la responsabilidad
de los
culpables y arribar a las decisiones correspondientes a cada
caso.
Los hechos
Orlando Martínez cayó abatido la noche del 17 de
marzo de 1975. Al
momento de su muerte se desempeñaba como editor de la
revista Ahora y
columnista de el vespertino El Nacional desde donde mantuvo
una actitud de
cuestionamiento a la política del entonces presidente
Balaguer y a las
ejecutorias de algunos funcionarios de su gobierno. El horrendo
crimen se
convirtió en un símbolo de la intolerancia política
e ideológica, quizás las
mismas causas que el 26 de mayo de 1994 llevaron a desaparecer
al
catedrático universitario Narciso González (Narcisazo)
o dejaron una cantera
de muertos en la historia de la vida republicana del país.
Durante el citado año salieron a relucir informaciones
que señalaban nombres
de presuntos implicados en la ejecución del crimen, calificado
como un crimen
de Estado por el propio Balaguer. La Policía Nacional,
dirigida por el
fenecido general Neit Rafael Nivar Seijas, llegó a realizar
unas investigaciones
que se llegaron a conocer de manera oficial el año pasado,
cuando el juez
Castillo Pantaleón concluyó la sumaria del hecho.
Antes sólo existió la
especulación y la creencia cada vez más firme
de que Pou Castro era una
pieza clave para resolver el caso.
Acostumbrado a manejarse en medio de un manto de misterio, Balaguer
dejó
en blanco la página 333 de su libro ''Memoria de un Cortesano
en la Era de
Trujillo'', para que una persona que le sobrevirá estampe
la verdad sobre el
crimen del periodista. Quizás ese gesto del ex-mandatario
contribuyó también
a que una izquierda política cansada de que su voz de
reclamo de justicia
quedara en el vacío, siguiera adelante exigiendo castigo
para los criminales.
El crimen no prescribió en los tribunales gracias a los
grupos de izquierda que
hicieron del asesinato de Orlando una bandera de lucha capaz
de general
indignación o a abogados como Rodríguez del Orbe.
Cansada, Doña Adriana
y sus familiares empezaban a perder la esperanza cuando en marzo
del año
pasado se anunciaba el final de su larga espera. La señora,
de 82 años,
también perdió a su hijo Edmundo Martínez
Howley, a quien asesinaron el 22
de diciembre de 1975.
A principio del año pasado Doña Adriana reiteró
la querella contra los
implicados en la muerte de su hijo. Además, exigía
someter a interrogatorios
al ex-presidente Balaguer y varios altos oficiales en retiro,
incluyendo a
Enrique Pérez y Pérez, cuyo nombre sólo
sacó a relucir Pou Castro al
momento de su detención cuando dijo que suponía
el oficial estaba preso
porque ''en este país nada más agarran a los chiquitos''.
Sin embargo, las indagatorias del juez Castillo Pantaleón
sólo llegaron hasta
Lluberes Montás. El oficial se desempeñaba como
jefe de la Fuerza Aérea
Dominicana y entre los indicios señalados en su contra
por el juez figura el
hecho de que ''sólo él, por su jerarquía
militar, podía ordenar que el personal
bajo su mando directo (jefe de inteligencia y colaborador más
cercano,
coronel Isidoro Martínez; y un oficial, Jefe de Investigaciones,
mayor Pou
Castro), ejecutara el operativo que culminó con el crimen''.
Ahora las expectativas están puesta en la jueza Jiménez
Martínez, quien
conocerá un hecho sin precedentes en la historia dominicana.
El abogado
Domingo Porfirio Rojas Nina, de la Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos, entiende que el juicio representa ''el reencuentro
del pasado
histórico jurídico con el presente luminoso de
un nuevo Poder Judicial y un
paso trascendental que sirve de ejemplos para las presentes
y futuras
generaciones de dominicanos''. Por eso, mantiene la esperanza
de que se
apliquen las leyes en todas sus dimensiones y que otros crímenes
tan
horrendo, como el de Gregorio García Castro, puedan ser
castigado algún
día.
Muchos se preguntan si las autoridades judiciales serán
capaces de llegar más
allá y romper cualquier cortina de silencio y complicidad
que pudiera existir
entre los actuales acusados y otras instancias de poder de la
época en que
ocurrió el crimen. A la madre de Orlando no le convence
nada. Todavía
piensa que mientras Balaguer ''respire'' será imposible
conocer toda la verdad,
la que se guardó durante más de dos décadas.