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Exposición de Juan Miguel Castillo Pantaleón en Houston, Texas, Estados Unidos, el día 19 de octubre de 1999, en el marco de la
55 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.
 

     "Alcances y repercusión de la investigación judicial del caso del asesinato del periodista Orlando Martínez"

Distinguidas personalidades:

Agradezco la inclusión, en este programa, de la experiencia en la investigación forense del asesinato del periodista Orlando Martínez; doloroso ejemplo dominicano de intolerancia absoluta al libre ejercicio del periodismo, la información y la expresión del pensamiento.

Su homicidio y el de otros comunicadores, como Guido Gil, Enrique Piera, quien precisamente conmemora hoy otro aniversario, Gregorio García Castro, Marcelino Vega, Narciso González y otros que sufrieron también vejámenes y hasta el exilio, se han sumado al largo registro de violencias contra periodistas en el continente, víctimas de los manejos vergonzosos, la ineficacia o la desidia de los sistemas judiciales.

Para quienes le conocieron, Orlando fue una de las plumas más valientes y acuciosas de su generación. Su prosa concisa y pugnaz analizó y denunció con responsabilidad el autoritarismo y la corrupción del poder, revelando en su columna "Microscopio"  los trasfondos de la actividad política nacional, las pugnas militares, el terror y la represión de la época y la sociedad que le tocó vivir.

El joven periodista Orlando Martínez fue seguido, emboscado y asesinado a tiros el 17 de marzo de 1975, al concluir su jornada de trabajo. Su siniestro crimen, el ambiente de inquietud que lo rodeó y el desmedido poder y la politicidad militar, produjeron una conmoción social y un desagrado creciente hacia las autoridades.

El Presidente de entonces designó, para su supuesto esclarecimiento, una comisión investigadora compuesta por funcionarios policiales y judiciales, que concluyó encubriendo el hecho mediante la acusación de inocentes vinculados a un partido de oposición. Estas personas fueron luego liberadas extrajudicialmente, por decisión presidencial, quedándoles pendiente la acusación

Poco después, debido a la presión de la indignada opinión pública, fue sustituido el Jefe de la Policía, y el resto de los mandos de las fuerzas armadas renunció, en lo que se interpretó como una reacción vinculada al caso. El nuevo incumbente realizó una segunda indagatoria que culminó con el difundido arresto de personal militar y paramilitar. Pero, al poco tiempo y sin explicaciones, ese grupo fue puesto en libertad.

Meses más tarde fue muerto también, en circunstancias confusas, Edmundo Martínez. Hermano del comunicador asesinado, quien había declarado tener conocimiento de los resultados de aquella ulterior pesquisa que revelaba la identidad de los auténticos asesinos.

En 1988 el primer mandatario publicó su autobiografía y en ella dejó, en torno al hecho, una "página en blanco"; insólita confesión de encubrimiento supuesta a ser llenada por alguien luego de su muerte.

Los relacionados de la víctima y los medios de comunicación renovaron su demanda de justicia, en un incansable esfuerzo por impedir que el expediente prescribiera. En el ejercicio de mis funciones como juez de instrucción me tocó recibir tales reclamos en 1995, y asumí plenamente el compromiso.

Durante dos años llevé a cabo una intensa investigación que incluyó la repetida e infructuosa tentativa de interrogar al propio Presidente de la República. Basado en las pesquisas, en los datos fundamentales aportados por la prensa, en la localización del informe genuino producido por la segunda junta investigadora y en las confesiones de los detenidos, concluí el 14 de abril de 1997 con una decisión de envío a juicio criminal y arresto de 2 paramilitares y 3 generales, entre ellos un poderoso ex jefe de la Fuerza Aérea y de la Policía, y la orden de captura y extradición de un militar prófugo.

En la sentencia que rendí, que posteriormente y a pesar de numerosos conflictos fue confirmada en grado de apelación, fueron también revelados los detalles relacionados con la ocultación del crimen y la desviación interesada de las investigaciones desde las entrañas mismas de los aparatos institucionales estatales.

Sin embargo, ese mismo año la justicia dominicana sufrió transformaciones que permitieron que en su más alta esfera participasen exponentes del pasado reciente y actores con nuevos y más fuertes roles en las componendas que suponen las luchas políticas por el control del poder.

No obstante la enorme campaña de proyección de una imagen cosmética destinada a presentar esta función desligada de los manipuleos tradicionales, la nueva Corte  Suprema materializó la represalia contra los magistrados que rompimos las reglas no escritas de un país donde existen parcelas intocables y personajes exentos del alcance de la ley, pretendiendo disfrazarla con la tarea de reorganización de la judicatura. Tanto yo, como otros jueces que confirmaron mi veredicto, fuimos excluidos de las distintas jurisdicciones, complaciendo influyentes grupos políticos y empresariales, enlazados financiera, fraternal o transaccionalmente a este y otros casos, o a sus nefastos protagonistas.

Luego de más de dos años, al igual que con todos aquellos procesos que de alguna manera tocan sectores relacionados con cúpulas políticas por vinculaciones con expedientes de asesinato o de corrupción administrativa, el juzgado a cargo del fondo aún no se aboca a conocer el proceso. Se debate en laberintos de tecnicismos procesales enrevesados por los magistrados apoderados, sin producir aún un juicio de fondo serio, en lo que se vislumbra como una nueva modalidad de hipocresía judicial.

A pesar de todas las maniobras y manipulaciones que se tejen alrededor del expediente Orlando Martínez, el fallo de instrucción, que junto a las contundentes evidencias remitieron a los detenidos al tribunal criminal, permanece todavía surtiendo sus efectos.

Ese sumario fue una consecuencia del periodismo vivo y vigilante que contribuyó decisivamente a mantener encendida una esperanza cauta de justicia y constituye un precedente valioso en la ofensiva frente al flagelo de la impunidad en los casos de crímenes contra periodistas.

Muchas gracias.


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