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Ninguna de las partes envueltas en el caso dio su beneplácito a la decisión. Luego de su notificación, los acusados, con excepción de Luis Emilio de la Rosa, apelaron la sentencia por no estar conformes con su envío a juicio criminal. Los abogados y familiares de la víctima, por su parte, porque consideraron que el expediente estaba incompleto al no incluir entre los autores intelectuales a otros ex militares señalados por ellos durante años ni al ex presidente Balaguer. Ambas márgenes expresaron públicamente su desaprobación.
La sentencia, tanto tiempo reclamada por los medios de comunicación, fue denunciada por sectores partidarios, para quienes resultaba inconcebible la posibilidad de una actuación estrictamente jurídica, rígidamente apegada al derecho y sin ribetes de manejo político.
Las conjeturas respecto a la invisible mano tras la determinación judicial se multiplicaron: algunos reformistas reclamaron que se trataba de invalidar la figura del líder de su partido mientras los izquierdistas, a su vez, protestaban por lo que creían era una decisión que lo protegía; de alguna forma también miembros de los partidos Revolucionario y de la Liberación desaprobaron por lo bajo un fallo que suponían afectaba la imagen propia por su inacción o sus relaciones intrapartidarias.
Casi un año después la Suprema Corte de Justicia fue afectada por una composición diferente en sus miembros, designados por un novel organismo constitucional estructurado con la dirigencia política nacional, en el que prevalecieron los pactos y las avenencias entre las tendencias dominantes. Una de las nuevas funciones de esta corte constituyó la designación de los demás jueces de la República, situación que fue vista con buenos ojos por sectores asociados a la parcela en mejor posición de influir en la conformación del poder judicial.
Juan Miguel Castillo Pantaleón, ajeno en principio a las maniobras que se programaban y motivado en sus logros académicos y en su impecable labor de once años como juez, solicitó al organismo ser ascendido a miembro de una corte de apelación. A esos fines fue evaluado por ese alto tribunal al que ingenuamente presumió desligado de la tradicional sumisión a los grupos de poder acostumbrados a atropellar indemnes la honra, la vida y hasta la memoria de ciudadanos íntegros.
Pero, a pesar de una robusta demostración pública de competencia, fue relevado de sus funciones con la patética fabricación de artificios mendaces mediante una predispuesta sustitución que los responsables aliñaron con discretos agravios cuya pretensión justificativa fue reputada inadmisible por la mayoría sensata y entendida.
Al presidente de ese cuerpo judicial le expresó su indignación por las desconsideraciones que traslucían componendas y transacciones, haciéndole saber que al tomar decisiones inflexibles con el crimen y la impunidad lo había hecho asumiendo conscientemente los riesgos. Este, en un extraño gesto de debilidad, admitió la existencia de compromisos sugiriéndole la conveniencia de declinar sus aspiraciones.
Aquello le pareció inverosímil en un principio. Mas luego de un ponderado análisis y de la recepción de datos fidedignos sobre una larga lista de denuestos provenientes de esos lugares entendió, y como él muchas personas ligadas a los ambientes jurídicos y a los medios de comunicación, que se trataba de deteriorar su imagen como en una suerte de retaliación por su resuelto protagonismo en la investigación del caso Orlando y otros casos similares.
Entretanto, la corte de apelación confrontaba numerosos conflictos en la formación del tribunal llamado a conocer de la apelación del fallo de instrucción. Se sucedieron las impugnaciones y las inhabilitaciones. Algunos jueces que eran asignados se ausentaron o alegaron excusas baladíes para no conocer el expediente, otros fueron recusados por la defensa.
Finalmente una cámara de calificación fue conformada con tres reconocidas juezas del Distrito. Transcurrido un tiempo este tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia recurrida, confirmando así que la labor del juzgado que realizó la sumaria había sido jurídicamente adecuada y había alcanzado a todas las personas contra las cuales los indicios que existían eran suficientes y precisos.
Sin embargo, posteriormente fue divulgada la destitución de dos de esas magistradas, sin que se explicara una razón válida para ello. La tercera, que había sido propuesta como miembro del más alto tribunal del poder judicial, permaneció en su posición bajo un discreto perfil sin posibilidades aparentes de ascenso, luego de haber ocupado múltiples primeras planas periodísticas por un ejercicio notorio de sus funciones que fue apoyado siempre por importantes medios de comunicación.
En los meses subsiguientes un nuevo fiscal, que sustituyó a Guillermo Moreno luego de su separación del cargo por parte del poder ejecutivo, apoderó para el conocimiento del fondo del caso criminal a la décima cámara penal del juzgado de primera instancia, presidido por una jueza recién designada estrechamente vinculada con el presidente del máximo tribunal. Luego de varias posposiciones de la causa, la magistrada desglosó el expediente por razones de enfermedad en favor de Isidoro Martínez y Salvador Lluberes Montás, lo que los excluyó de ser juzgados.
En la última de las audiencias celebradas la jueza, repentina
y sorprendentemente, desató una seria controversia en casi la totalidad
de los ambientes sociales y profesionales al emitir una polémica
sentencia incidental que invalidó de golpe la confirmación
de la instrucción hecha por la cámara de calificación.
Esa decisión fue tildada de monstruosa por juristas que entendieron
que abría las posibilidades de anular todo el proceso y de que fueran
puestos en libertad acusados cuyo sumario se hallaba jurídicamente
acabado, sólo pendiente de un juicio de fondo que determinase su
grado de inocencia o culpabilidad.
El fiscal y los abogados de los familiares apelaron este fallo sin
precedentes, que aún debate enrevesados tecnicismos legales en los
estrados.
Hoy los ciudadanos observan confusos cómo la veleta de los vientos electorales señalan las voces que callan, las conciencias que se acomodan y las convicciones que se laxan en la mendicación por el poder futuro.
A más de veinticuatro años y a pesar de la labor de justicia,
el esfuerzo, los riesgos y secuelas que comportó un juez investigador
y la disposición de diligentes representantes del ministerio público,
el expediente de Orlando Martínez todavía espera.