APENDICES

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El resultado es una providencia calificativa justa, contundente y abrumadora que tiene en la cárcel prácticamente sin espacio para la maniobra, a un ex mayor general, a dos ex generales y a dos ex paramilitares, acusados de la muerte del periodista, hace 23 años.

Si el cielo o el destino quisieron poner este caso en manos de un magistrado con claro sentido de la justicia y de la responsabilidad, otro fue el deseo de quienes manipularon el expediente desde el principio.

En el gobierno de Joaquín Balaguer correspondiente al período de doce años 1966-1978 fueron nombrados varios militares abogados en cargos de jueces, con el fin de entregarles a ellos los expedientes de los presos políticos, y evitar así molestas situaciones creadas por magistrados civiles que de repente se tomaron en serio su misión de impartir justicia.

El titular del Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción era un capitán de navío de la Marina de Guerra, hoy fallecido, y en sus manos pusieron el caso Orlando, que a más del asesinato ya perpetrado contra el joven periodista, incluía una tentativa de muerte política para el profesor Juan Bosch.

Es viejo el método perverso de matar a dos pájaros de un tiro, eliminando físicamente a un enemigo y culpando a otro enemigo de su eliminación.

Montada la trama sobre el falso testimonio de un delincuente llamado Félix Rafael Vargas Taveras, alias Papirucho Banda, a quien le pagaron con dinero, con un enganche a la Policía y con un revólver que usó dos semanas después para herir a dos pacíficos ciudadanos, se necesitaba un magistrado habituado a recibir y cumplir órdenes, y nadie más adecuado que un oficial abogado, mucho más militar que jurista.

Después que se acusó de la muerte del periodista a dos militantes del entonces naciente Partido de la Liberación Dominicana, maniobra que no se tragó la sociedad, el caso quedó en el limbo con una decisión “magnánima” y extrajudicial del presidente Balaguer, ordenando la libertad de Diómedes Mercedes y Cheché Luna, además del sociólogo Melvin Mañón, pero dejando pendiente sobre ellos la infamante acusación.

Dos decenios y pico que le pasaron al expediente, llevaron a la Cuarta de Instrucción varios magistrados que en su mayoría decidieron no perturbar la siesta de los legajos acumulados alrededor de este crimen.

De esa forma evitaban apartarse de la insólita línea trazada por el presidente Balaguer, cuando publicó en “Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo” una página en blanco, admitiendo que conocía y que se llevaría a la tumba los nombres de los asesinos de Orlando, aunque en la página de enfrente colocaba una foto del periodista con Juan Bosch.

Nombrado por recomendación del entonces senador reformista Jacinto Peynado, el juez Castillo Pantaleón encontró en el Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción el expediente del Caso Orlando, ya polvoriento y con varios documentos menos, entre ellos uno tan importante como el informe de la autopsia.

Basándose en investigaciones de la época que nunca llegaron a la Justicia pero sí a las manos de Balaguer y –por fortuna– de otras personas, así como de nuevas indagatorias e interrogatorios, el magistrado Castillo Pantaleón se atrevió a hacer justicia.
Su decisión a los ojos de cualquier dominicano que conozca su país, constituye no sólo un acto de responsabilidad, sino además un serio riesgo, por los peligrosos poderes a los que enfrenta.

Fue así como un expediente que Balaguer puso en manos de un juez guardia, la irónica mano divina lo entregó a un magistrado responsable y probo.

Magistrado que hoy, sin embargo, está suspendido...
...Y como si poderes terrenales quisieran hacer tablas con las jugadas del destino, la suspensión del doctor Castillo Pantaleón fue decidida el 17 de marzo, fecha en que se cumplieron exactamente 23 años del asesinato de Orlando Martínez.
Si este juez, aún sin que existan fundamentos, queda extrañado de la judicatura, en ciertas celdas habrá festejos”...

“El magistrado Castillo Pantaleón acaba de caer en las “garras” de la retaliación artera y de los artistas de la simulación. Jugar un rol en el proceso de encausar y llevar a prisión a los responsables del asesinato del periodista Orlando Martínez generó en el distinguido profesional de las leyes respeto y consideración en los sectores de la sociedad que estamos comprometidos con el adecentamiento de la patria. Lo irónico es reconocer que la rectitud y el apego a los principios y normas éticas producen resquemor e incomodidad en litorales que sólo asumen como bueno y válido las combinaciones denigrantes y el entendimiento tortuoso.

La generalización de los comportamientos asqueantes tiene de grave los niveles de complicidad social. En el país aplicarle justicia en ciertas instancias condena al ejecutor de una acción correcta, y de paso, se inicia una carrera de infamias y descrédito que busca vender la idea de que lo “astuto y correcto” es ser parte del festín de inmoralidades que han ido asaltando todos los estamentos de la nación.

Lo “inteligente” es mantenerse en silencio frente a los excesos. De ahí, la dificultad que encuentran los que nos resistimos a los hábitos transaccionales que con tanta efectividad han servido para catapultar liderazgos políticos, empresariales, artísticos y todo un festival de repúblicos que se pavonean en la escena nacional porque han exhibido comportamientos y manejos que lo hacen “pasible de entenderse” con el statu quo.

Frente a los esquemas invertidos que prevalecen en la sociedad, el magistrado Castillo Pantaleón constituye un estorbo. Su delito consistió en condenar a personas que históricamente se han comportado por encima del bien y del mal. Su actuación correcta, al mismo tiempo sirvió, para recordarle cuentas pendientes con los jinetes de la intolerancia que se resisten a creer que el país de hoy no puede ser la sociedad de mediados de los años 70.

Suspender en funciones al magistrado que conoció el expediente de Orlando Martínez puede enviar un claro mensaje a todo el cuerpo de magistrados que está en la obligación de actuar con apego al derecho. Mueve a preocupación que el fardo de la investigación y las brumas pretendan colocarse sobre los hombros de los que, contrariando la terrible tradición en nuestra judicatura, obran negando el memorial de injusticias característico del cuerpo judicial dominicano.

Estoy convencido que ese tipo de retaliación no proviene de un magistrado que, como el distinguido profesor Subero Isa, está comprometido con mejorar y adecentar la justicia. Ahora bien, el necesario proceso de transición que inició nuestra Suprema Corte tiene exponentes del pasado reciente en capacidad de retaliar los magistrados que con su comportamiento han “roto” las reglas no escritas en un país donde existen sectores intocables y personajes exentos del alcance de la ley.

Hoy ha sido el magistrado Castillo Pantaleón, pero el ejército de hombres y mujeres sacrificado por los tejemanejes del poder y la simulación dejan poco espacio para no olvidarnos que las garras del pasado siguen presente. Persiguiendo, retaliando y dando pruebas palpables de su peligrosa existencia. ¡Hay que cuidarse!”

“...Entonces, hay razón para sospechar la represalia en la que piensa mucha gente desde que la Suprema hizo conocer su decisión de suspender también al juez Castillo Pantaleón. Y mucho más cuando, días más tarde y a manera de explicación, el presidente del tribunal doctor Jorge Subero Isa, pretendió involucrarla con la tarea de reorganización y reorientación de la judicatura.

Castillo Pantaleón tuvo a su cargo el proceso de instrucción del caso del asesinato del periodista Orlando Martínez, que llevó y mantiene en prisión a los generales Salvador Lluberes Montás, Joaquín Pou Castro e Isidoro Martínez González.

Ese juez intentó por dos años interrogar al doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República al momento del asesinato, tanto cuando volvió a ocupar el puesto en 1986 como después de dejarlo en agosto de 1996, lo que finalmente no logró.

Quizá alguien para quien esa actitud es un atrevimiento sin precedentes, decidió cobrarla de la manera más ruin al juez Castillo Pantaleón. Y como así parece ser, la acción de represalia cae como responsabilidad de toda la Suprema.”